La emergencia habitacional es algo generalizado en el Archipiélago. Cada zona presenta sus propias problemáticas y en el caso de las más turísticas, se han visto más perjudicadas por el auge del alquiler vacacional y el incremento de la población extranjera. La residencialización de los complejos turísticos se ha planteado como una solución, aunque la idea ha generado tensiones en las últimas décadas y economistas, así como expertos turísticos, señalan que no es viable para solventar la emergencia habitacional.
Esa conclusión ha sido resultado de las jornadas celebradas por la Universidad de Verano de Maspalomas, en las que se ha debatido la necesidad de definir estrategias claras sobre el uso de unidades turísticas. El economista y consultor hotelero de NutriHotel, Antonio Garzón, explica los principales puntos a Atlántico Hoy, como la poca rentabilidad, los aspectos legislativos, los efectos en el empleo y el problema de los servicios ofertados en cada zona.
Efectos económicos
Desde el punto de vista económico, la transformación de apartamentos turísticos en viviendas permanentes tiene un impacto económico considerable. Según los datos presentados por el economista Carmelo León, la residencialización de estas unidades implica una pérdida significativa para la economía local. Teniendo en cuenta los 204.744 usos residenciales estimados en Canarias en núcleos turísticos, se están “perdiendo” alrededor de 6.367 millones de euros al año, además de 102.864 empleos potenciales y 1.291 millones de euros en ingresos fiscales que se podrían haber recaudado si se hubieran dedicado al turismo.
Garzón indica que “no se puede quitar unidades de producción para dedicarlas a vivienda”, ya que esto perjudica al sector más productivo del Archipiélago e influye en las plazas turísticas ofertadas. Esto se ve reflejado en los datos presentados por la economista Rosa Rodríguez. Entre 2009 y 2023, los establecimientos extrahoteleros se han reducido a la mitad (de 1.230 a 638), mientras que los hoteleros han descendido en 2023 (576 hoteles) en relación al 2009 (607 hoteles), siendo Gran Canaria la isla más perjudicada.
Todo ello, desde la perspectiva sindical, perjudica también al empleo, pues, según el sindicalista de UGT, Francisco González, la residencialización - y su posterior conversión en vivienda vacacional - destruye puestos de trabajo y, si llega a generarlos, son de precarios, deteriorando la profesionalidad del sector y así la competitividad turística del destino.
Vivienda vacacional
¿Y es posible compatibilizar el uso turístico con el residencial en una misma parcela? Desde los 90, la legislación recoge que no, recuerda Garzón referenciando las declaraciones de los expertos. A pesar de ello, muchos complejos turísticos en zonas costeras han ido transformándose en residenciales y una problemática que ha surgido con ello es la proliferación del alquiler vacacional.
El 63,8% de las viviendas vacaciones se ubican en municipios turísticos. Según datos del Gobierno de Canarias, de las 28.296 apartamentos que desaparecieron en el periodo estudiado, 12.588 han sido reconvertidos en viviendas vacacionales, lo que representa el 44,4%. De esas más de 12.000 viviendas en apartamentos, el 51,7% están en los 13 municipios turísticos. Además, seis de estos municipios concentran el 85,4% de todas las plazas de viviendas vacacionales en apartamentos. Aún se desconoce el uso actual de 15.708 apartamentos.
Es por este aspecto que la residencialización no puede verse de manera aislada, apuntan los expertos. Garzón explica que muchos propietarios no buscan solo un uso residencial, sino que transforman sus propiedades en viviendas vacacionales, aprovechando normativas menos estrictas - este proceso, llamado "returistificación", está prohibido en el Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico -. A lo que se suma que si se flexibiliza el uso de viviendas en zonas turísticas, podría aumentar el valor de las propiedades y facilitar su venta a extranjeros, lo que complica más la situación.
Uso especializado
Este intento de combinar turístico y residencial afecta también a la calidad de vida en estas zonas al no prestar los servicios adecuados para cada una de las modalidades. Los expertos explican que se genera una mayor demanda de servicios públicos que no siempre están disponibles o planificados adecuadamente. Esto incluye la necesidad de más centros educativos, parques, aparcamientos y servicios de salud, lo que sobrecarga las infraestructuras locales.
Es así que coinciden en la urgente necesidad de llevar a cabo la especialización de usos por el Ayuntamiento, en este caso, de San Bartolomé de Tirajana, es decir, solo aceptar el estatus residencial de los propietarios empadronados en un complejo turístico con fecha anterior al 1 de enero de 2017. Algo que, según Garzón, “se tenía que haber hecho antes”, al estar recogido incluso en una ley de 2013.
Por ello, Garzón indica que las voces de los distintos especialistas en materia turística concluyeron que la residencialización no es viable para la compatibilidad de un modelo turístico de calidad y un aprovechamiento eficiente de los recursos turísticos con la solución de la crisis de vivienda que sufre, en este caso, estos municipios, al contemplar el problema de los alquileres vacacionales, la pérdida de empleo, bajada de plazas extrahoteleras, etc. ¿Cuál es la solución entonces? Como economista, Garzón apunta que construir, sin olvidar las viviendas sociales, pues entre el 2000 y el 2022, solo se han promovido 14.003 viviendas protegidas, nada más que un 4,7% del total de inmuebles construidos, subraya.