Convenio entre las Gestoras de Viviendas y VISOCAN para construir en régimen de cooperativa

En este modelo vivienda, los promotores son organizaciones sin ánimo de lucro formadas por personas que buscan acceder a casas a precios asequibles

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De izquierda a derecha, el secretario de AGV, Francisco Javier Sevilla, el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, y la directora financiera de VISOCAN, Ana Celia Brito./ CEDIDA
De izquierda a derecha, el secretario de AGV, Francisco Javier Sevilla, el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, y la directora financiera de VISOCAN, Ana Celia Brito./ CEDIDA

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a través de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (VISOCAN) ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV) por el que ambas entidades se comprometen a promover la construcción de viviendas en régimen de cooperativa en Canarias.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y presidente del Consejo de Administración de VISOCAN, Pablo Rodríguez, ha estado presente en la firma, en la que también han participado la directora financiera de la empresa pública, Ana Celia Brito, en calidad de apoderada, y el secretario de AGV, Francisco Javier Sevilla. 

Importante por la emergencia habitacional

Rodríguez ha señalado que “la emergencia habitacional que se vive en las islas hace especialmente importante este tipo de iniciativas, que se suman a la batería de medidas que el Ejecutivo y la empresa pública VISOCAN están implementado para el fomento y la promoción de viviendas”. En este sentido, ha destacado que la novedad de esta iniciativa radica en que los promotores son organizaciones sin ánimo de lucro, formadas por individuos que se unen para resolver la necesidad común de acceder a un hogar de calidad a precios asequibles.

“Este modelo no solo permite que los propios ciudadanos participen directamente en la creación de sus viviendas, sino que también ofrece precios más asequibles en comparación a las promociones privadas y, lo más importante, con plenas garantías jurídicas, ya que la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias ya recoge un marco legal sólido que ofrece plenas garantías a los ciudadanos que elijan este modelo”, ha recordado.

Cuatro años

El convenio tiene una duración de cuatro años, prorrogable, y establece una comisión de seguimiento para garantizar su cumplimiento. “Estamos en proceso de planificación para firmar más convenios con otras asociaciones y confederaciones de cooperativas, porque queremos seguir ofreciendo a la ciudadanía múltiples herramientas y vías para asegurar su derecho a una vivienda digna”.  

Este acuerdo de colaboración estará enmarcado en la futura ‘Estrategia de cooperativas de vivienda en Canarias’ del Gobierno de Canarias, que surge con el objetivo de facilitar la construcción de viviendas mediante el régimen de cooperativa, promoviendo así el desarrollo tanto de viviendas protegidas, como de viviendas libres. En virtud de este, tanto VISOCAN como AGV se comprometen a divulgar, informar y facilitar la construcción de viviendas mediante este sistema.

“Este convenio representa un paso significativo hacia un modelo de vivienda más accesible y colaborativo en Canarias y busca responder a la demanda social de viviendas protegidas a través de una colaboración público-privada”, ha destacado Francisco Javier Sevilla, secretario de AGV.

Sobre AGV

La Asociación de Gestoras de Viviendas se creó en 2015 para defender los intereses de particulares y empresas dedicadas a la gestión de entidades colectivas de economía social, fundamentalmente cooperativas de viviendas, y con la firma de este documento promete realizar las labores de difusión, acompañamiento y asesoramiento necesarias para que la ciudadanía conozca las ventajas de este modelo, así como el proceso de constitución y posterior proceso de promoción de viviendas.

En las cláusulas de este acuerdo también se recoge la constitución de una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas partes para supervisar su cumplimiento y resolver las dudas que puedan surgir en su interpretación y ejecución.