El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a los ayuntamientos a colaborar en las investigaciones lideradas por el departamento de Pablo Bustinduy para identificar viviendas turísticas operando sin licencia en plataformas de alquiler, una práctica fraudulenta que puede resultar en sanciones.
En un comunicado, el ministerio recordó que a principios de junio inició una investigación para detectar estos alojamientos ilegales. Ahora, han extendido la propuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las ciudades se sumen a esta iniciativa.
Trabajar de forma conjunta
La medida sigue a los requerimientos enviados por Consumo a las plataformas de alquiler turístico, solicitando información sobre las viviendas en infracción. "Estas investigaciones podrían intensificarse con la información que aporten los ayuntamientos", aclaró el ministerio.
"Consumo pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de forma conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas", destaca en la nota.
Multas
La Dirección General de Consumo recordó que, desde 2022, cuenta con capacidad sancionadora y estudia la posibilidad de abrir expedientes por estas prácticas, que podrían ser calificadas como infracciones graves con multas de hasta 100,000 euros, una cifra que podría aumentar hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido.
En el escrito dirigido a la FEMP, Consumo subrayó el "importante impacto en el modelo de ciudad" que tienen las viviendas turísticas y la "necesaria colaboración entre las distintas administraciones" para garantizar el cumplimiento de los derechos de consumidores y usuarios.