La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) ha alertado este lunes de que el "pacto por la gobernanza" que reclaman desde hace meses para impulsar la colaboración público y privada ya no es "urgente sino acuciante" ante el problema de emergencia habitacional y para evitar la pérdida de los fondos europeos.
La presidenta de la AECP, María Salud Gil, ha informado en rueda de prensa de que esperan mantener esta semana una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, para poner en marcha el pacto y atender la demanda de vivienda en las Islas, que ha calculado en 40.000 familias.
Competencia desleal
El acuerdo debe poner freno a que las convocatorias de obra pública queden desiertas y se siga favoreciendo a las empresas públicas, como Tragsa, incurriendo en una "competencia desleal".
Gil ha cifrado en más de 700 millones de euros la cantidad de dinero que ha dejado de entrar para generar actividad en el sector en los últimos cinco años, ya que entre los años 2018 y 2023 sólo la empresa pública Tragsa ha ejecutado 571 obras por importe de cerca de 468 millones de euros, y en el periodo de 2021 a 2023 han quedado desiertas obras que suman los 206 millones de euros.
El ciudadano, gran damnificado
El 36 % de la obra adjudicada a Tragsa no se incluye en su objeto social, ha destacado Gil, quien se ha manifestado a favor de que se auditen las obras que se encargan a las empresas públicas, como ha solicitado este lunes el presidente de la Federación de Entidades de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo.
Ha destacado también que el gran damnificado "del fracaso" en la política de licitación por las obras desiertas es el ciudadano, y sobre todo las personas más vulnerables, porque implica que no se construyan centros de salud y de mayores, obras hidráulicas o carreteras.
Año electoral
Según Gil, el cambio que reclaman es posible y prueba de ello es que "cuando el cargo público tiene una motivación poderosa hace funcionar la maquinaria", pues durante este año electoral la licitación ha crecido un 21,85 % en el primer semestre en comparación al mismo periodo de 2022, y sobre todo en el periodo de marzo a mayo, cuando se licitó el 73 % del total, 460 millones de euros, al tiempo que ha destacado que solo en marzo se licitaron 183 millones.
Conforme a los datos que ha facilitado, las administraciones locales licitaron el 57,9 por ciento de la inversión de la obra pública en Canarias en los seis primeros meses de este año y en marzo el incremento fue del 374 % respecto al mes anterior y volvió a dispararse en abril con un aumento del 851 % respecto a marzo.
Despidos y cierres
En la administración del Estado también se incrementaron las licitaciones entre los meses de febrero y abril, cuando se ofertaron el 77 % del semestre, 87 millones de euros de los 111 millones del semestre, según la AECP.
La presidenta de la AECP ha confiado en que se puedan reunir esta semana con Clavijo y el consejero de Obras Públicas y ha advertido de que es preciso revertir la situación que atraviesa el sector de la construcción, pues, de lo contrario, habrá "despidos y cierre de empresas", y que en este acuerdo se impliquen los cabildos y ayuntamientos.
Vivienda pública
Entre sus demandas figura la protección institucional y que se declare la política de vivienda como estratégica, con objetivos que deben superar las 3.000 viviendas públicas anunciadas para esta legislatura por el nuevo consejero, pues, según Gil, habría que construir 8.000 y es posible porque hay "marco jurídico, dinero y voluntad del sector".
La AECP solicita también que se impulse la rehabilitación, se aumente la disposición de suelo y se ponga a la venta las viviendas de protección oficial, que son medidas que figuran en el Plan Canario de Vivienda y que no se están ejecutando.
El pacto además debe incluir acciones para combatir la actitud "negacionista, acomodaticia y bunkerizada" de la administración y controlar el absentismo y la productividad, ha apuntado Gil, quien ha valorado las declaraciones de la nueva consejera de Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, en el sentido de que el teletrabajo no beneficia a los ciudadanos.