Las viviendas vacacionales son uno de los asuntos destacados de la ecuación de la problemática que se está vislumbrando respecto al modelo turístico en Canarias al afectar, sobre todo, al acceso a la vivienda sustituyendo a los alquileres de larga temporalidad y fomentando la turistificación y la gentrificación, no solo de zonas ya habitadas por turistas, sino de barrios de las ciudades del Archipiélago hasta acabar desplazando a los locales de pueblos, como ocurre en El Cotillo (Fuerteventura), donde las plazas turísticas son mayoría.
De ahí que el Gobierno autonómico haya ideado una ley para regular la vivienda vacacional, que todavía se trata de un anteproyecto y el Ejecutivo está respondiendo las alegaciones presentadas en el periodo de información pública. No obstante, las Islas no son las únicas que plantean cómo afrontar esta cuestión. Capitales españolas como Málaga, Madrid, Barcelona y Valencia, así como el archipiélago hermano, las Baleares, también han buscado cómo controlar este tipo de alojamiento turístico. ¿Cómo gestionan estas ciudades la problemática?
Control de licencias
El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a registrar las cifras de alquileres vacacionales a partir de 2020; sin embargo, la aparición de estos alojamientos se remonta mucho atrás y ya por 2014 había ciudades que se plantearon su control. La pionera fue Barcelona. El alcalde de aquel entonces, Xavier Trias, congeló la concesión de nuevas licencias fijando la cifra oficial en 9.600 viviendas registradas. Moratoria que mantuvo Ada Colau en su mandato, además de elaborar un plan urbanístico, que desde 2018 impide nuevas aperturas, combatir la oferta ilegal e imponer multas y sancionar a Airbnb.
En Barcelona hay actualmente 8.842 viviendas vacaciones según los últimos datos de febrero del INE. El alcalde a día de hoy, Jaume Collboni, ha mantenido una postura firme contra los pisos vacacionales, asegurando su intención de reducir su número sin especificar cómo. Además, la Generalitat aprobó un decreto para cerrar miles de apartamentos en toda Cataluña, con su implementación dependiendo del Govern en funciones tras las recientes elecciones.
¿Suficientes inspecciones?
En Madrid también se ha frenado la concesión de licencias para pisos turísticos, al menos hasta que se elabore, tramite y apruebe el plan general para abordar este fenómeno, según expuso el alcalde José Luis Martínez-Almeida en abril. Esta norma sustituirá al Plan Especial de Pisos Turísticos formulado por la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, aunque no se prevé que esté listo hasta 2025.
Mientras tanto se han reforzado los equipos de inspección y aumentado las multas, pero no parece ser suficiente, pues parece que la capital nacional se ve afectada por los alquileres vacacionales ilegales y, como critica la oposición y asociaciones de vecinos, las inspecciones no son suficientes. El INE recoge que hay 16.100 viviendas turísticas en Madrid (últimos datos de febrero de 2024).
Suspensión de nuevas licencias
Otra ciudad que se suma a la suspensión de nuevas licencias es Valencia. La moratoria se aplicará durante un año y tiene ciertos apuntes, como que afecta principalmente a terrenos urbanizados de uso residencial situados en el casco urbano y otras zonas como Benimamet y Carpesa; excluye a los edificios completos de apartamentos turísticos y los inmuebles en la primera planta con declaración responsable que dispongan de acceso independientes desde la vía pública - medida que se toma en diferentes ciudades como solución a disminuir las molestias a la comunidad vecinal -.
Esta suspensión entró en vigor el 30 de mayo y se aplicará a las licencias y declaraciones que se hayan presentado y presenten a partir de ese día. En febrero de 2023, los datos del INE exponían que había 5.245 viviendas turísticas, mientras que en febrero de este año la cifra alcanza las 6.769.
El archipiélago vecino
Baleares ha ido un paso por delante que Canarias en cuanto a las normativas para regular los apartamentos turísticos, siendo de las más restrictivas en España. El Ayuntamiento de Palma, en su caso, prohibió el alquiler turístico en edificios plurifamiliares y solo lo permite en chalets y casas aisladas, una decisión que respaldó en 2023 el Tribunal Supremo. Es por ello que para ser una de las grandes capitales turísticas, el número de casas vacacionales solo llega a 1.023 en los últimos datos de febrero del INE, a diferencia de , por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, que a pesar de tener también sus propias restricciones municipales, la cifra se sitúa en 2.634.
La densidad de población y la saturación de turistas son los parámetros que se tienen en cuenta para establecer los criterios de los alquileres turísticos en el resto de la isla de Mallorca, que entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 levantó 239 actas por alquiler ilegal. En lo que respecta a Ibiza, la vivienda vacacional está prohibida en todas sus modalidades, y en Menorca, está restringido a cinco excepciones en urbanizaciones turísticas.
Manifestaciones
Canarias quedó marcado por el 20A y Málaga también se ha propuesto una fecha para salir a las calles en contra del modelo turístico. El día será el próximo 29 de junio. Con 7.038 viviendas vacacionales cuantificadas por el INE en febrero - aunque alcanza las 12.124 según las inscripciones en el Registro de la Junta de Andalucía -, el Ayuntamiento de la ciudad andaluza ha decidido al igual que otros municipios españoles limitar las nuevas licencias a inmuebles que dispongan de una entrada independiente, sin afectar de manera retroactiva a las ya existentes.
Es así como poco a poco las ciudades españolas - también San Sebastián, Girona y Sevilla - se van sumando en una lista de medidas y planes que puedan funcionar como solución para el control de este tipo de alojamiento turístico llegando a 351.389 en el total nacional según los datos del INE del pasado febrero.