El viceconsejero de Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, y la funcionaria Estefanía González, han defendido "con convicción" ante la juez que instruye el caso Mediador, la legalidad del expediente que concluyó con la prescripción de una sanción a una quesería regentada por uno de los empresarios investigados en este caso.
De la Bárcena y González, que también están investigados en el caso Mediador por este expediente, han afirmado, según han informado a EFE fuentes judiciales, que no fueron presionados por nadie ya que se trató de una cuestión administrativa, en la que no hubo interferencia política.
A lo largo del sumario, los equipos de la Policía y la Guardia Civil que han investigado el caso Mediador exponen indicios de que el exdiputado socialista Juan Bernando Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes, que le sucedió al frente de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, pudieron cobrar sobornos de empresarios a cambio de retirar sancionar o tramitar ayudas.
Coincideron en la declaración
Las fuentes indicaron que el viceconsejero y la jefa de servicio coincidieron en su declaración que en la tramitación del expediente relativo a la quesería Montesdeoca se constató que había un error al requerir el reintegro de una ayuda que ya estaba prescrita.
También declaró ante la juez, el exconcejal de Coalición Canaria (CC) en Candelaria (Tenerife) Celedonio Castro, a quien se le atribuye haber utilizado su trabajo como taxista para transportar dinero obtenido del supuesto pago de comisiones.
Castor se ha considerado una víctima, y ha señalado que el conocido como 'Mediador', Marco Antonio Navarro Tacoronte, "se ganó su confianza" para pedirle dinero y que tiene una deuda con el de 6.900 euros.