El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 200 millones de euros en ayudas para el Bono Alquiler Joven en España, de los cuales 10,6 millones se destinarán a Canarias en la convocatoria de 2024. Esta medida, acordada el pasado 3 de octubre en la Conferencia Sectorial de Vivienda, busca apoyar a los jóvenes en su proceso de emancipación y facilitar el acceso al alquiler.
Con esta nueva convocatoria, el Ejecutivo suma ya 600 millones de euros en fondos destinados a esta política desde 2022, y Canarias ha recibido un total de 31,8 millones. Cada joven podrá acceder a una ayuda de 250 euros mensuales por un período de dos años para cubrir el costo del alquiler o la cesión de uso de una vivienda o habitación.
Compatibilidad
Este apoyo es compatible con otras ayudas destinadas a colectivos vulnerables, como el Ingreso Mínimo Vital y prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, siempre que no se supere el 100% de la renta arrendaticia. Además, es compatible con el Programa de ayuda a los jóvenes del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, aunque, en este caso, el límite será del 75% de la renta.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, subraya la importancia de esta medida en la lucha por la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda digna, reforzando el compromiso del Gobierno con los jóvenes canarios y el sector habitacional en la región.
Críticas del PP
El Partido Popular (PP) ha lanzado varias críticas al Bono Alquiler Joven, especialmente desde sus representantes en comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, Galicia, y Murcia. Uno de los principales portavoces ha sido Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, quien señala que la medida, al subvencionar el alquiler, puede desencadenar una subida de los precios en el mercado. Martín afirma que este bono es similar a la Renta Básica de Emancipación impulsada en 2007, la cual, según ella, provocó un aumento del 10% en los alquileres tras su implementación.
Por otro lado, el diputado regional murciano Antonio Landáburu acusa al Gobierno de "fallos en el diseño" de la ayuda, al imponer requisitos que limitan el acceso de muchos jóvenes y trasladar la gestión a las comunidades sin suficiente presupuesto. Además, los consejeros del PP en diversas regiones han denunciado la falta de coordinación y comunicación por parte del Ministerio de Vivienda al anunciar estos fondos sin informar previamente a las administraciones autonómicas, lo que dificulta su implementación eficiente.
El PP propone en su lugar medidas estructurales, como incentivos fiscales y políticas que fomenten la construcción de viviendas asequibles, para ampliar la oferta de viviendas en alquiler y lograr un impacto sostenido en los precios del mercado inmobiliario. Según el partido, un enfoque basado en la oferta de vivienda sería más efectivo para reducir los precios y facilitar la emancipación de los jóvenes, a diferencia de las ayudas directas, que consideran un parche temporal sin solución a largo plazo.