El mercado de la vivienda en Canarias podría contar con 3.000 inmuebles a precios asequibles. Esta posibilidad la han ofrecido los promotores inmobiliarios al Gobierno de Canarias, según ha comunicado este lunes la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP).
La AECP señala que de ellas, 1.650 estarían disponibles dentro de un año y el resto en el 2026. Desde la patronal destacan que en cinco meses han conseguido localizar edificaciones que no están terminadas, así como suelo privado disponible o motivar a los municipios a generar iniciativas sobre suelo público y emplear las Reservas para inversiones en Canarias (RIC) o el incentivo fiscal a la inversión. Esto es posible, apuntan, a las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo canario en febrero de este año.
Este número de casas podría duplicarse en breve, insisten, "si la maquinaria administrativa se pone en marcha y se activan los presupuestos de soporte necesarios y si se coordinan las acciones precisas".
Más de 200 millones de euros en inversión
La patronal añade que la inversión prevista para que se ejecuten las viviendas es de 200 millones de euros. En este sentido subrayan que no solo va a contribuir a que disminuya la emergencia habitacional de las Islas sino que "tendría un efecto renta sobre la producción de 200 millones de euros que activaría la creación y el mantenimiento de unos 10.000 puestos de trabajo y promovería la aplicación de unos 75 millones de RIC".
Entre otras cosas "movilizaría unos 540 millones de euros por el efecto arrastre del sector, generaría un retorno directo en recaudación de impuestos en torno a 66 millones de euros y un efecto riqueza de 132 millones de euros de consumo de los hogares".
Para ellos "la puesta en marcha de los presupuestos del Plan Canario de Vivienda, la activación presupuestaria del plan complementario de Visocan, los fondos europeos y la aplicación de las medidas del Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda junto a la reacción privada demostrada es una muestra inequívoca de que la cooperación público-privada es una herramienta imprescindible en la desactivación de la emergencia habitacional en Canarias", concluyen.