El consejero canario de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha asegurado este lunes que están pendientes de saber cuántas de las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquiler asequible le tocarán al archipiélago.
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este domingo en la conferencia municipal del partido que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes la movilización de hasta 50.000 viviendas procedentes de la Sareb, también conocida como banco malo.
Sebastián Franquis ha indicado que al Gobierno de Canarias le resulta "difícil" manejar un número concreto de estas viviendas, que en el archipiélago se podrán acoger a esta medida, pues cada una de las 1.200 que tiene censadas tiene "circunstancias distintas; algunas están ocupadas, otras no".
Por tanto, hasta que la Sareb o el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no dé mayor concreción "no podremos saber en qué número nos va a afectar" este plan, ha dicho.
"Una buena noticia"
El consejero ha valorado como "una buena noticia" el acuerdo entre los socios de gobierno para impulsar la Ley de vivienda, que, ha reseñado, dota a las comunidades autónomas de instrumentos para evitar, por ejemplo, lo que sucedió en La Palma cuando los afectados por la erupción buscaban viviendas de alquiler.
Los propietarios "ofrecían una cantidad y a los quince días prácticamente se duplicaba". De haber tenido el Gobierno de Canarias estas herramientas a su disposición, ha dicho Franquis, las habría utilizado para evitar que se sacara provecho de unas circunstancias excepcionales.
Ha abundado en que "prácticamente la totalidad" de Canarias "está tensionada por el incremento de los precios del alquiler", razón por la que ha dado la bienvenida a la futura Ley de Vivienda, para poder "limitar" desde la administración esos incrementos.
Sebastián Franquis ha hecho hincapié en que en Canarias se está desarrollando el Plan de Vivienda, a cuya conclusión espera que se acaben construyendo 5.600 viviendas públicas, lo cual es "el instrumento más útil y más beneficioso" para limitar el incremento de los precios de alquiler.