La Comunidad Autónoma de Canarias y el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social han firmado su IV convenio de lucha contra el trabajo no declarado, empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y en materia de formación profesional para el empleo.
Para ello, se creará en Canarias un grupo mixto de trabajo especializado en la investigación, examen de bases de datos, diseño de nuevas técnicas y planificación de medidas de lucha contra el fraude en materia de formación profesional para el empleo y la economía sumergida.
Grupo mixto
Este grupo tendrá acceso a toda la información disponible para la definición de las principales conductas y detección de bolsas de fraude y estará formado por el responsable Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, otro representante perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que éste designe y, por parte de Canarias, por los titulares de la Dirección General de Trabajo y del Servicio Canario de Empleo.
El equipo mixto realizará actuaciones coordinadas para la lucha contra el fraude en las subvenciones y ayudas gestionadas por Canarias en materia de formación profesional para el empleo.
Funcionarios de otras regiones
El convenio intensificará las actuaciones de lucha contra la economía irregula mediante la elaboración por parte de Inspección de Trabajo y en cooperación con la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo de un plan de actuación que permita el refuerzo temporal de la Inspección de Canarias con funcionarios destinados en otras comunidades autónomas, para la realización de campañas concretas.
Los efectivos desplazados lo harán de forma voluntaria y será el Gobierno de Canarias quien se haga cargo íntegramente de los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento, aparcamiento y la dotación de vehículos suficientes para realizar las visitas de inspección por parte de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social procedentes de otras Comunidades Autónomas, hasta un máximo de 160.000 euros.
Inspección de Trabajo participará y colaborará, además, en las actuaciones de control que desarrollen otras consejerías del Gobierno de Canarias cuando sus competencias tengan repercusión en legislación laboral y de empleo.