Hace un año, partidos como Sí Podemos y Nueva Canarias, entonces al frente del Gobierno regional, plantearon una limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros debido al problema de la vivienda que afecta a las islas. La propuesta trajo consigo el rechazo del resto de grupos representados entonces en el Parlamento de Canarias por afectar al tratado de libre circulación de la Unión Europea. Un año después, sin embargo, el Gobierno de Canarias, ahora conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, ha encargado un informe jurídico para conocer la vibilidad de implantar esta limitación, amparados en la cuestión ultraperiférica.
La posibilidad de limitar a extranjeros la compra de vivienda en las islas se abrió el pasado martes tras la celebración de la I Conferencia de Presidentes, en la que los siete cabildos y el Gobierno de Canarias acordaron la creación de cinco grupos de trabajos para abordar el cambio del modelo turístico. Uno de esos grupos es el del Reto demográfico, que deberá tener para septiembre una conclusión sobre la pobilidad de establecer esta limitación.
Hacia el límite
En 2023, casi el 30% de las viviendas que se compraron en Canarias fueron de manos de extranjeros, según Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores. Además, de los datos de 2022 reflejan que la compra de vivienda la abarcan especialmente ciudadanos comunitarios. "A lo mejor las conclusiones es que tenemos que ponernos de acuerdo en decirle a Europa que somos una Región Ultraperiférica y al amparo del artículo 349 tenemos que empezar a regular la población", expresó entonces el presidente regional, Fernando Clavijo.
De momento, la situación es solo teórica, puesto que se va a comenzar a estudiar la viabilidad jurídica de usar la condición ultraperiférica para establecer ese límite. El Gobierno de Canarias informó en un comunicado que ya han solicitado a "los servicios jurídicos un informe sobre la viabilidad de una reforma legislativa que permita establecer mecanismos para limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las islas".
Ejemplos
Argumentan desde el Ejecutivo regional que ya existen territorios comunitarios que cuentan con esta limitación, aunque esta es una regulación previa a su entrada en la Unión Europea. "Entre esos territorios figura Malta, que entró en la UE en 2005, y en la negociación y acuerdo posterior añadió una disposición que impide a los ciudadanos europeos comprar más de una vivienda en la isla a no ser que sean residentes en Malta durante más de cinco años", señalan.
Tal y como apuntan, "esta es la única forma de conseguir la autorización, conocida como la Acquisition of Inmueble Property Act (aiP Permit). El Gobierno de La Valeta adoptó precisamente esta medida por el reducido tamaño y el peso del sector turístico en su economía". También ponen como ejemplo al Estado finlandés, que para su entrada en la UE "incluyó una restricción en la adquisición de terrenos o viviendas para archipiélago de las islas Aland. De esta forma un europeo no finlandés necesita el permiso de las autoridades del para comprar una propiedad", informan.