Más enfocada en el bienestar del ciudadano que en el beneficio económico, la economía social es una forma de entender la producción de las empresas al servicio del objetivo social. Las entidades que las practican ponen en valor aspectos como la igualdad, la cohesión social, la solidaridad y la responsabilidad social, sin embargo, el número de estos organismos es más bajo del deseado en Canarias. Para luchar contra esta situación, este lunes se ha publicado la Ley Canaria de Economía Social que fomenta la creación y participación de entidades que promuevan el desarrollo social de la economía.
Tal y como recoge la ley, Canarias está “actualmente infradesarrollada” en materia de cooperativas y de sociedades laborales, es decir, de organismos que trabajan con una visión de solidaridad más allá de los beneficios económicos. El documento, se acoge a datos del segundo semestre de 2020 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que recoge que en esa época el número de cooperativas en Canarias era de 222 (el 1,2% del ámbito nacional) y el de sociedades laborales es de 204 ( el 2,6% del ámbito nacional). Cifras que desde el Gobierno de Canarias entienden bajas por lo que han abierto la puerta a un nuevo marco normativo que fomente este tipo de instituciones.
La finalidad de la ley se resume en fomentar e impulsar a las “entidades que integran la economía social para el eficaz cumplimiento de los fines económicos y sociales que les son propios”, tal y como recoge la ley. Así se potenciará la presencia, crecimiento e influencia en los “campos de la acción social, económica y empresarial”. A su vez se busca apoyar a estos organismos como “modelos de creación de empleo de calidad, entendidas como entidades sostenibles e integradores”.
Economía social de Canarias
A grandes rasgos, y tal como recoge el documento, la economía social implica otra forma de entender la economía, la empresa, la producción, el emprendimiento, la gestión y el consumo. “Sitúa la eficacia económica al servicio del objetivo social creando una auténtica interdependencia entre lo económico y lo social y no una subordinación de lo social a lo económico”, contempla la ley.
De lo que se habla cuando se menciona la economía social es de: sociedades cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica, sociedades laborales y participadas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación. Todas ellas son el objeto de esta ley y se mueven por valores de “ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, autonomía, autogestión, responsabilidad social y preocupación por las demás personas”.
Los principios por los que se rigen estas entidades serían: primar el bien personal y social sobre el capital, la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica al fin social objeto de la entidad, la promoción de la solidaridad interna, el compromiso con el territorio, frente a la despoblación y el envejecimiento en el medio rural canario, la independencia con respecto a los poderes públicos, el fortalecimiento de la democracia institucional y económica, el fomento de la integración de la perspectiva de género en la gestión y organización de la empresa y todos los principios orientadores que refuercen, complementen y amplíen los valores que inspiran a las entidades de economía social, según la ley.
También se contempla la creación de la Comisión de la Economía Social “como órgano consultivo y asesor para las actividades relacionadas con la economía social, especialmente en el ámbito de la promoción, ordenación y difusión de la economía social”. A su vez, paralelamente a la ley, se redactará la Estrategia canaria de Economía Social, que enmarcará todas estas propuestas.
Los criterios recogidos en esta ley entrarán en vigor en 20 días tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.