El Gobierno de Canarias ha anunciado una serie de modificaciones a la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, orientadas a incorporar medidas de sostenibilidad, lo que supone una adaptación de la norma de 2007 a las actuales exigencias medioambientales desde la Unión Europea. Así las han presentado el consejero autonómico de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes, María Fernández.
Estas medidas vinculadas a la sostenibilidad suponen nuevos criterios que deberán tener en cuenta cabildos y ayuntamientos de cara a la concesión de licencias para taxis o VTC, que no han parado de crecer. Por ejemplo, hay 8.500 licencias pendientes de aprobación en las islas de Gran Canaria y Tenerife, y 2.000 en El Hierro, la mayoría de VTC, detalló Fernández. Esto podría frenar la aparición de Uber o Cabify en las islas, aunque en el Archipiélago existen otros VTC fuera de estas compañías conocidas, ya que la situuación insular es distinta a la que se vive en la Península. La principal intención es frenar la msificación de las carreteras.
Medidas para cabildos y ayuntamientos
Este decreto-ley supone un cambio de la Ley de Transporte para adaptarse a la exigencias europeas en materia de sostenibilidad medioambiental, más allá de los criterios económicos que establece la oferta y la demanda, explicó Fernández. La directora general apuntó que la nueva normativa tiene el objetivo de garantizar que el crecimiento del transporte sea respetuoso con el medio ambiente del Archipiélago.
El objetivo se marca ante la elevada solicitud de autorizaciones para operar en las islas, sumándose así a otras normativas como la conocida 1/30 - un VTC por cada 30 taxis -. Es así como esta modificación otorga a cabildos y municipios herramientas para discernir y proteger el medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad en la concesión de licencias y permisos de manera homogénea tanto para los taxis, competencia de los ayuntamientos, como sobre los VTC, quienes recaen sobre las entidades insulares.
La directora general detalló que, por ejemplo, se contemplarán estudios de capacidad de carga de las vías y mediciones de calidad del aire para otorgar estas nuevas licencias, así como las que se encuentran en litigio o pendientes de autorización en todas las islas. “Queremos garantizar que la capacidad de moverse de la gente se equilibre con la protección del medio ambiente y la capacidad de las infraestructuras”, añadió Fernández, como se tiene en cuenta también en otros sectores como el turismo.
Próxima aprobación en el Parlamento
El decreto-ley aprobado por el Gobierno de Canarias se publicará esta semana en el Boletín Oficial de Canarias, por lo que entrará en vigor desde ese momento y, a su vez, será remitido al Parlamento de Canarias para su convalidación o derogación, aunque tanto Rodríguez como Fernández confían en que sea aprobado debido a su necesidad.
El consejero Pablo Rodríguez destacó que la modificación se llevó a cabo con la participación de todos los sectores implicados, en conjunto con diversas instituciones, incluyendo los siete cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios, así como con la participación de operadores y sindicatos en la mesa del transporte terrestre de Canarias.