El año 2019 supuso un antes y un después para todas las personas que habían firmado una hipoteca con el banco. La razón es que entró en vigor la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, una nueva norma que obligó a las entidades financieras a pagar la mitad de los gastos notariales, la totalidad del registro, así como la tasación al suscribir un préstamo. Son muchas las sentencias donde se considera abusivo que los clientes tuvieran que hacer frente a esos pagos, aunque no fue hasta el pasado 18 de junio cuando el Tribunal Supremo (TS) advirtió que ya no hay plazo para reclamar.
La realidad es que todavía hay gente a la espera. En el Archipiélago son 800.000 personas las que no han recibido la compensación que ordena la justicia. “Todo tenemos que llevarlo al juzgado para recuperar el dinero”, afirma tajante Kiko Santana, presidente de la Asociación de Afectados por la Hipoteca del Norte de Gran Canaria (AHINOR) —aunque asegura que representan, junto a otras entidades, a todas las Islas—. “No hay ningún banco que esté cumpliendo, solamente en Lanzarote tenemos 8.000 expedientes en una población de 160.000 habitantes”, agrega.
Sin fórmula de cálculo
Merece la pena resaltar que el Tribunal Europeo se pronunció en 2020 con una sentencia en la que recogía que las entidades debían devolver todos los gastos hipotecarios. Santana pone sobre la mesa que en todas las islas afecta igual proporcionalmente y resalta que en Canarias hay una incidencia mayor que en la Península debido a que existen hipotecas “que no tienen fórmula de cálculo”.
Explica que “en una hipoteca que no disponga de fórmula de cálculo se ha pactado cuándo se empieza a pagar la hipoteca, cuándo se termina, los intereses que se deben de pagar mensualmente, pero no el capital que se debe devolver mensualmente”. Es decir, el cliente no tiene claro qué cantidad es la que deberá abonar, está a la expectativa. “Es grave y sin embargo se están llevando cientos de ejecuciones hipotecarias a los juzgados, se desahucia a las familias sin saber ni siquiera cuánto dinero se le debe a los acreedores”, exclama el presidente de AHINOR.
Resto de España
Ahora bien, ¿por qué el Archipiélago tiene un inconveniente añadido frente al resto del territorio nacional? “Porque la autoridad competente, que puede ser el Gobierno de Canarias en materia de Consumo, no hace investigación de oficio y sanciona a estos bancos”. “A las entidades financieras les sale muy barato cuando las multan con un millón de euros. ¿Pero a cuántas familias están dejando atrás?”, reflexiona Santana.
Expone que la cantidad de denuncias que tienen en marcha es tan grande que no pueden calcular. “Contamos con unas 40 en Consumo que no se llevan a trámite, que tienen su peritaje”, indica. “Hemos contratado a cuatro matemáticos de diferentes puntos de España avalados por la Universidad de Barcelona y aún así no hay nadie, ni siquiera la autoridad competente que es Consumo del Gobierno de Canarias, que le meta mano a esta gente [a los bancos]. Son impunes, hacen lo que les da la gana”, comenta.
Ejecución hipotecaria
“Además, cuando hay una ejecución hipotecaria hay que valorar todo eso por lo de la liquidación de la deuda para llevar al cliente al juzgado. No hay ni una sola ejecución hipotecaria que se presente en un juzgado con las cantidades que tengan que devolver o se le reclamen al cliente exactas”, continúa.
Es un contexto que se une a los problemas de inflación, la vuelta al cole para los padres o el encarecimiento de la cesta de la compra. El presidente de AHINOR destaca el trabajo de, por ejemplo, los bancos de alimentos. “Hay muchas familias incluso para seguir pagando las hipotecas se separan los matrimonios con dos o tres hijos para que uno cobre una ayuda y el otro siga trabajando para seguir cumpliendo con estos pagos”, cuenta con resignación.