La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha informado de que Canarias es la comunidad autónoma en la que más licitaciones públicas quedaron desiertas en el primer trimestre de 2023, debido a la incapacidad de las empresas de asumir el coste de las obras.
Los datos recopilados por la patronal de la construcción indican que 65 de las 318 obras no iniciadas en los tres primeros meses del año en toda España corresponden al archipiélago. CNC informa en un comunicado de que los contratos públicos desiertos en Canarias suman un total de 13,4 millones de euros, de los 189,1 millones de euros del total de España.
Las siguientes regiones en número de obras sin empresas que concurran son Castilla y León con 35 y Andalucía con 32.
Cinco licitaciones superiores al millón
En Canarias hay cinco licitaciones superiores al millón de euros para las que no concurren las constructoras: la rehabilitación y adecuación de un conjunto de edificación compuesto por 40 viviendas en Breña Baja (La Palma), una escuela infantil, una plaza y zona deportiva en San Sebastián de la Gomera, la regeneración y renovación urbana de una urbanización en La Palma y la construcción de una oficina de la Seguridad Social en Fuerteventura.
Las licitaciones de los cuatro primeros proyectos oscilan entre uno y 1,3 millones de euros y la quinta asciende a 3,1 millones.
CNC ha identificado en abril dos proyectos significativos más que han quedado desiertos: el suministro, adecuación, montaje, programación y puesta en marcha de la Línea de Tratamiento y Clasificación Automática de Residuos del Complejo Ambiental de Zurita (Fuerteventura, 4,5 millones) y la ejecución de un centro sociosanitario en Arico (Tenerife) por 3,5 millones.
Modificar la ley
La patronal de la construcción reclama modificar la Ley de Contratos del Sector Público y aplicar un sistema para reequilibrar los precios de los contratos. "Resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado", ha señalado CNC.
Esta falta de adecuación de precios "amenaza la ejecución de obras fundamentales" y "podría disparar las disoluciones y los concursos de acreedores de constructoras", advierten los constructores. "Los sobrecostes y las fluctuaciones en los precios que soportan las constructoras pueden paralizar el sector, lo que terminaría frenando el crecimiento económico y la creación de empleo, pues la construcción canalizará en torno a 7 de cada 10 euros de los fondos europeos".
Las constructoras señalan que muchos ayuntamientos o diputaciones "negligentes" a la hora de aplicar el Real Decreto 03/2022, puesto que no actualizan los precios y abusan del silencio administrativo.