La emergencia habitacional que atraviesa el Archipiélago ha llevado al Gobierno de Canarias a buscar posibles soluciones. Por ello, el Consejo del Ejecutivo, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado aprobar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda.
Esta aprobación supone la puesta en marcha de dos iniciativas. Por una parte, el incremento de la disponibilidad del suelo, así como dar uso a las edificaciones ya existentes como viviendas. Y, además, promover e impulsar la construcción de viviendas protegidas.
Las posibles soluciones
Con este decreto se trata de contemplar todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda: la disponibilidad del suelo donde construir - para facilitar su transformación jurídica y material -; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.
A esto se suma la intención de simplificar todos los procesos de solicitud de las personas interesadas en las viviendas, pues el Gobierno marca como objetivo la aplicación directa y simplificación procedimental, reduciendo, entre otras cosas, el plazo de los trámites y burocracia de seis a tres meses.
Aprovechar el suelo
La trama urbana actual cuenta con suelos que se han explotado, por lo que se priorizará la construcción de vivienda protegida en ellos, para así evitar consumir nuevos e incrementar el parque público, dando salida también a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas. No obstante, los municipios seguirán siendo las instituciones que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública.
De esta manera se pretende favorecer la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificación deberá ser destinado a vivienda protegida. Asimismo, se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.
Promoción de vivienda
El decreto recoge también la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.
Por último, se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.
Estas iniciativas pretenden responder a la emergencia vacacional que ha continuado creciendo desde sus inicios tras la crisis inmobiliaria de 2008 y con posterioridad a la pandemia de la COVID-19. Se suman así a al Plan de choque elaborado por la Consejería a finales del pasado año, y aprobado en el Consejo de Gobierno, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias.