El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha anunciado este martes que el Ejecutivo regional fomentará la creación de vivienda pública a través de ceder suelo a las constructoras. Según ha indicado en el Parlamento de Canarias, sacarán un concurso de derecho a la superficie en sus bolsas de suelo urbano consolidado para que, durante 75 años, las constructoras edifiquen vivienda pública bajo la condición de ofrecer alquileres asequibles.
Lo que plantea Rodríguez es fomentar políticas de colaboración público-privada para que supuestamente en los próximos meses se pueda iniciar la construcción de al menos 500 viviendas. No le vale únicamente la administración pública porque ha asegurado que con la capacidad del Instituto Canario de Vivienda no se podrá abastecer la demanda de vivienda "ni en 2030", por lo que es necesario "una apuesta para que el sector privado se implique", ha recogido Efe de su intervención.
Un plan de choque
Así, ha asegurado que los dos años que restan al Plan Canario de Vivienda tienen que ser "determinantes" para aumentar el número de vivienda pública. Según Rodríguez, tanto este plan como el plan estatal y los fondos europeos han sido "absolutamente insuficientes". En ese sentido el Consejo de Gobierno aprobó un plan de choque en materia de vivienda.
Este plan se basa en aumentar en 72 personas la plantilla del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), en modificar el decreto de adjudicación de vivienda y se contempla un programa específico para La Palma en colaboración con su Cabildo y ayuntamientos, que se han comprometido a ceder suelo para edificar 700 viviendas, de las que ya hay proyecto de redacción para unas 200.
Viviendas vacías
También se prevé un programa de edificación en zonas rurales para evitar que queden deshabitadas y otro para incentivar el alquiler de viviendas vacías dirigido a pequeños tenedores, a los que se dará garantías de que cobrarán su renta y se evitarán problemas al finalizar el contrato.
Respecto a las viviendas vacías ha dicho que su departamento está analizando por qué se ha fallado en la iniciativa puesta en marcha para ponerlas en el mercado, lo que quizás se debe a la falta de garantías suficientes o de incentivos fiscales para ello.