La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estudian la creación de una Oficina del Inversor para agilizar el acceso de los empresarios de la ciudad a los fondos europeos Next Generation. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de la capital, Javier Doreste, se ha reunido este jueves con el presidente, la vicepresidenta y la directora general de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, María de la Salud Gil y Pilar Alcaide.
El objetivo es que la Oficina del Inversor proporcione asesoramiento especializado a las empresas y autónomos de la ciudad para poder acceder a los fondos europeos, con información de los procedimientos administrativos necesarios para solicitar este tipo de ayudas.
"Que no se pierda ningún euro"
"Tras el impacto que ha generado la pandemia sanitaria y la crisis debido a los efectos de la guerra de Ucrania, los fondos europeos nos proporcionan una oportunidad para impulsar la recuperación económica y social del municipio. Después de presentar un paquete de 300 proyectos valorados en 1.200 millones, creemos que si trabajamos de forma coordinada junto a los agentes sociales, en este caso con la Cámara de Comercio, seremos capaces de facilitar que los fondos lleguen a los empresarios y estos puedan desarrollar proyectos transformadores que relancen la economía de la ciudad", declaró Doreste.
El presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, mostró la predisposición a colaborar de la institución que preside. “La Cámara de Comercio ha gestionado miles de millones de ayudas y ahora estamos totalmente preparados para la gestión de los fondos Next Generation", dijo. "Hemos trasladado nuestra predisposición para crear una estructura que sirva de apoyo a las pymes, para que no se pierda ningún euro por falta de gestión; nuestra disposición es absoluta y ya podríamos empezar a montar el equipo, porque contamos con estructura para ello”.
España recibirá 140.000 millones de euros
Uno de los ejes que se recogen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno del Estado para lograr la recuperación pos-COVID-19 se basa en la colaboración público-privada, en concreto en una figura basada en el desarrollo de proyectos estratégicos que incluyen nuevos instrumentos en el ordenamiento jurídico para gestionar los fondos europeos denominados PERTES.
Desde 2021, y durante siete años, España recibirá 140.000 millones de euros, de los que una parte serán gestionados por los ayuntamientos. En 2021, por ejemplo, estaba previsto que las entidades locales fueran responsables del reparto de 1.483 millones de euros de esas ayudas. El problema es que muchas de esas entidades locales no tienen el personal suficiente para ese trabajo.