El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife ha reconocido un enorme descontento y han expresado su más “enérgica protesta” ante el hecho de que las recomendaciones y aportaciones que propusieron al anteproyecto de Ley para la regulación de la vivienda vacacional en Canarias no hayan sido tomadas en cuenta en el nuevo texto de la ley que el Gobierno de Canarias pretende aprobar en octubre.
“Una vez más se legisla en contra del propietario privado, ignorando las realidades y necesidades de aquellos a quienes representamos”, aseguran desde el CAF Tenerife.
A espaldas del Colegio
En este contexto, el colegio lamenta profundamente “que se siga actuando de espaldas a los profesionales” que, desde su posición, aseguran, tienen un “conocimiento directo y claro de la problemática que afecta, tanto a la convivencia entre propietarios como a la oferta de viviendas en alquiler”.
Por ello, tachan de “inaceptable” que la propuesta del Ejecutivo regional se limite a cargar la responsabilidad de la escasez de viviendas en el mercado de alquiler a los propietarios privados, “cuando es evidente que la causa de este problema recae en la inacción y el sesgo político de las administraciones públicas”.
Asimismo, resaltan su preocupación en que no se esté legislando para buscar un equilibrio en la convivencia entre las viviendas vacacionales y las residenciales. “Esta falta de regulación está generando conflictos en las comunidades de propietarios sin que se les otorguen herramientas suficientes para poder gestionarlos. Consideramos que es fundamental dotar a los administradores de fincas y a las autoridades competentes de los mecanismos necesarios para controlar y, si es preciso, eliminar aquellas actividades de alquiler vacacional que perjudiquen la convivencia y alteren el bienestar de los vecinos”, argumentan.
Desconfianza de los propietarios
Además, señalan que la falta de seguridad jurídica, derivada de la proliferación de inquiokupas y okupas, ha retraído considerablemente la oferta de viviendas disponibles para alquileres a largo plazo. “Los propietarios se ven desprotegidos frente a esta problemática y, lamentablemente, no se está legislando en absoluto para cambiar este hecho determinante, que ha generado un clima de desconfianza que afecta directamente al mercado del alquiler”, valoran al respecto. “Es esencial que se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios que alquilan sus viviendas”, agregan.
También apuntan a que el Gobierno de Canarias debe asumir su obligación de construir viviendas sociales y desbloquear las licencias de obra nueva, ya que la excesiva burocracia y la falta de acción “son las verdaderas culpables de que no se construyan las viviendas que tanto se necesitan”, por lo que afirman que se encuentran “ante una situación vergonzosa en la que la lentitud de los procesos administrativos está afectando directamente a la creación de nuevas viviendas”.
Por último, niegan categóricamente que sea responsabilidad de los propietarios la falta de viviendas en el mercado de alquiler a largo plazo, “sino de una Administración pública que ha fallado en gestionar adecuadamente los recursos disponibles y en fomentar políticas efectivas para la promoción de la vivienda”. Por ello, desde el CAF Tenerife reiteran su compromiso “con la defensa de los derechos de los propietarios y exigimos que nuestras voces sean escuchadas en este proceso legislativo”.