Aunque con un ligero retraso de meses sobre los primeros anuncios, la ley que regulará la vivienda vacacional en Canarias está supuestamente a pocas semanas de entrar al Parlamento de Canarias. La norma, una vez se apruebe, imposibilitará que nuevos propietarios puedan hacer la declaración responsable para explotar una vivienda temporalmente. La intención es que en los próximos cuatro años todos los cabildos comprueben estas declaraciones, porque se ha detectado que algunas corresponden a autocaravanas o viviendas ilegales, y que mientras tanto los ayuntamientos ordenen la actividad.
De esta forma, la nueva ley primero establece que debe haber una comprobación de todas las declaraciones responsables de las viviendas vacacionales en explotación, ya que como explica la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, a Atlántico Hoy, “la administración en el conjunto de sus competencias ha fallado en el acto de comprobación”.
Comprobar la declaración
Estas declaraciones responden a la detección de viviendas vacacionales ofertadas en suelo agrícola, en barcos, así como en viviendas de protección oficial o de apartamentos que habían sido fraccionados para aumentar el número de sus explotaciones. “Hasta ahora solo se hacen declaraciones responsables y nadie comprueba el contenido de esas declaraciones”, denuncia la consejera.
Por ello el primer trabajo a hacer es la comprobación de las viviendas vacacionales. “Cuando hagamos todo este cruce de datos habrá muchos que pierdan su declaración responsable, pero la perderán porque son ilegales hoy con el decreto y lo serán mañana por ley”, explica la consejera. Este es uno de los puntos que se han modificado en relación al borrador anterior, que establecía que el periodo era de tres meses y se ha ampliado a cuatro años para dar más margen a las administraciones locales.
Carga de trabajo
A raíz de estos cuatro años de trabajo hay administraciones locales que han mostrado quejas por las cargas de trabajo que se impondrán. “Yo entiendo que después de tantos años sin que nadie les exigiera el acto de comprobación y alta de la declaración responsable ahora, con el volumen que tienen en sus términos municipales, sea una carga adicional que ellos entendían que no tenían, pero que siempre han tenido”, defiende la consejera.
“Si sus competencias son la planificación, la gestión y la disciplina urbanística estas tres cuestiones recaen sobre el Ayuntamiento, la ley lo único que hace es recordarles lo que deben de hacer”, sentencia. De esta forma, explica la consejera que si en su isla, Fuerteventura, hay unas 7.900 viviendas vacacionales de alta y si un año tiene 250 días hábiles y cuatro años 1.000 días hábiles, el Cabildo tendría que revisar unas siete declaraciones cada día.
Si se sigue la misma aritmética, y con los datos que recoge el anteproyecto por islas, el cabildo de Lanzarote tendría que revisar 8,8 licencias al día, Gran Canaria 14, Tenerife 25, La Gomera 1,2, La Palma 1,7 y El Hierro solo 0,5 (una licencia cada dos días). En esa revisión caerán las declaraciones responsables de las viviendas que no están dentro de la ley y podrán consolidarse las que sí. Los ayuntamientos a su vez tienen que revisar su ordenamiento para encajar esta actividad turística. Después, el Gobierno de Canarias “ejercerá su actividad inspectora”.
Ante posibles quejas, la consejera insiste en que lo único que hace la ley es poner “blanco sobre negro” sobre las competencias que tienen los consistorios. De hecho, destaca que de los 88 municipios de Canarias ya hay dos que han ordenado esta actividad, Pájara y Las Palmas de Gran Canaria.
Sistema de trabajo
Para toda la comprobación y ordenamiento se pondrá en marcha tras la aprobación de la ley un sistema digital con el que trabajarán las el gobierno, los cabildos y ayuntamientos para revisar las referencias catastrales de las viviendas. De hecho la consejería ya ha trabajado con Grafcan en la detección de viviendas turísticas en suelo agrario. El plan es que en diciembre hagan una jornada con las oficinas técnicas para poner en marcha los cuatro años de revisiones.
“Vamos a generar jornadas de formación y les vamos a dar el caparazón jurídico de una ordenanza provisional que redactemos entre el Gobierno y los municipios para que los municipios solo tengan que definir en qué zona y en qué cantidades quieren las viviendas vacacionales”, explica la consejera en relación a la hoja de ruta.
Los cambios en el anteproyecto se anunciaron la semana pasada y ha despertado un fuerte rechazo de la patronal de viviendas vacacionales por considerarla como un ataque a la actividad. La intención de la consejería es que en las próximas semanas pueda llegar el texto al Parlamento de Canarias para iniciar su trámite y su posterior aprobación.