Miles de personas se han concentrado en diferentes ciudades de España, a lo largo de este fin de semana, para protestar por la crisis del acceso a la vivienda. Un derecho fundamental recogido en la Constitución española, que parece cada vez más difícil de alcanzar. En Canarias, la brecha entre los salarios y el precio de las viviendas es alarmante. Entre 2015 y 2022, los salarios han crecido un 16%, mientras que el precio de compra de la vivienda ha experimentado un incremento del 45% entre 2015 y 2023.
El caso de Las Palmas de Gran Canaria es especialmente llamativo, siendo una de las ciudades más afectadas por esta situación. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 14,3% de las viviendas en la ciudad están vacías, la mayor proporción entre las diez ciudades más grandes de España. Esta paradoja se agrava con el hecho de que muchos de estos inmuebles se mantienen desocupados mientras el precio de compra sigue subiendo, lo que deja a miles de residentes con escasas opciones asequibles.
Extranjeros
Además, el fenómeno de la compra de viviendas por extranjeros gana terreno en Canarias, donde supera a la media nacional —según datos del Obersavtorio de Vivienda y Suelo—. En Santa Cruz de Tenerife, el 22,9% de las transacciones inmobiliarias se realizan por compradores foráneos, mientras que en Las Palmas esta cifra alcanza el 18,4%. Esto ha generado un fuerte debate en la sociedad canaria sobre el impacto que esta tendencia tiene en el mercado local, al elevar los precios y dificultar aún más el acceso de los residentes a una vivienda.
La presión en el mercado inmobiliario canario se refleja tanto en la compra como en el alquiler. Las viviendas vacacionales, que son una opción rentable para los propietarios, han reducido la oferta disponible para los residentes, realidad que contribuye al aumento de los precios. Al mismo tiempo, los salarios no han crecido al ritmo necesario para compensar este encarecimiento, lo que deja a muchas familias y jóvenes sin alternativas viables.
Las protestas de este domingo han puesto en el centro del debate la necesidad de medidas urgentes para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda. Los manifestantes exigen una regulación más estricta del mercado de alquiler, la promoción de viviendas sociales y el control de las transacciones especulativas que favorecen a inversores extranjeros.
Ley de Medidas Urgentes
En los últimos meses, el Gobierno de Canarias ha aprobado varias leyes y decretos para abordar la crisis de acceso a la vivienda en el Archipiélago. Entre las medidas más destacadas se encuentra el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, aprobado en febrero de 2024, que busca aumentar la oferta de viviendas públicas y privadas, así como agilizar los procedimientos administrativos. Este conjunto de acciones tiene como objetivo hacer frente a la emergencia habitacional que vive Canarias, donde la demanda de vivienda supera con creces la oferta disponible.
El decreto contempla dos grandes grupos de medidas. El primero se enfoca en incrementar la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas, permitiendo el uso de suelo dotacional público y de equipamientos para la edificación de vivienda protegida. Además, se ha facilitado el cambio de uso de oficinas y locales no utilizados para convertirlos en viviendas y se está promoviendo la recuperación de edificaciones inacabadas para su incorporación al parque de viviendas públicas.
Módulo Básico
El segundo grupo de medidas se centra en promover y facilitar la construcción de viviendas protegidas, especialmente para las clases medias, ampliando los criterios para que más unidades familiares puedan acceder a este tipo de vivienda. Además, se ha modificado el Módulo Básico canario, ajustando el coste de construcción a la realidad económica de cada isla, lo que permite un mayor margen para la construcción de viviendas protegidas tanto en Gran Canaria como en Tenerife, así como en las islas más pequeñas.
La situación actual en Canarias pone en evidencia una desigualdad creciente en el acceso a uno de los derechos más básicos, dejando a muchos residentes en una posición vulnerable y sin opciones accesibles para tener una vivienda digna. Mientras tanto, los precios siguen en aumento y el porcentaje de casas vacías en Las Palmas de Gran Canaria se mantiene como un reflejo de la crisis inmobiliaria que azota a las islas.