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Economía

El borrador de la futura ley de vivienda vacacional se redactará tras la consulta pública

La consejera de Turismo asegura que el texto que se somete a escucha pública se facilitó a todos los agentes implicados antes de su publicación y rechaza las "tergiversaciones" que hace "alguna asociación que dice representar al pequeño propietario"

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a consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (i), y el director gerente de Turismo de las Islas Canarias, José Juan Lorenzo (d) / EFE - ELVIRA URQUIJO

El borrador de la futura ordenación del sector de la vivienda vacacional se redactará cuando el Gobierno canario responda a las alegaciones que reciba el texto que se somete hasta el 26 de noviembre a la consulta ciudadana, en un ejercicio de transparencia sin precedentes, ha subrayado este jueves la consejera regional de Turismo, Jessica de León. Tras presentar en rueda de prensa el programa de trabajo que Canarias desarrollará desde el próximo lunes en la World Travel Market de Londres, De León ha recalcado que antes de ser aprobado por el Ejecutivo regional, el texto que ahora se somete a "la escucha pública" se facilitó antes de su publicación a todos los agentes implicados, por lo que ha rechazado las "tergiversaciones" que hace "alguna asociación que dice representar al pequeño propietario".

"No puede ni debe existir legalmente ningún borrador de norma porque estamos en una fase de consulta. Cuando acabe, el 26 de noviembre, el Gobierno responderá a todas y cada una de las alegaciones que presenten los ciudadanos y es ahí, y no antes, cuando se redacta un borrador", ha aseverado. La consejera canaria de Turismo ha añadido que será entonces cuando el Ejecutivo "evacuará consulta también a las instituciones locales".

Ley transversal

De León ha resaltado que "esta ley de uso turístico no es exclusiva de Turismo, sino que tiene que ser transversal a departamentos como Vivienda, Transporte, Ordenación del Territorio e, incluso, Consumo". Además, ha manifestado que esta norma "tendrá el deber de conjugar las competencias de los ayuntamientos, que son los competentes para hacer ordenanzas".

"Pretendemos igualar a ayuntamientos que tienen 700 habitantes con otros que tienen más de 40.000 y lo que va a hacer esta norma es que, en ausencia del planeamiento municipal o insular se puedan determinar capacidades de carga y métodos de decisión para los municipios más indefensos de Canarias, donde también se produce una actividad que es lícita, que defendemos, pero que necesita una regulación mejor" a la actual, ha referido.