Si hay un debate que se ha repetido en todas y cada una de las comparecencias de expertos en el Parlamento de Canarias para abordar una posible revisión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias desde que comenzaron hace un mes, ha sido utilizar sus herramientas para bajar los impuestos a los ciudadanos -y subsidiariamente a empresas- vía IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.
Ya desde la primera ponencia del catedrático en economía aplicada por la Universidad de La Laguna José Luis Rivero, la posibilidad de acercar los incentivos fiscales al ciudadano estuvo sobre la mesa. Tras él, han pasado por la cámara el comisionado del REF, José Ramón Barrera, el catedrático de la ULL experto en fundamentos del análisis económico y en el desarrollo regional Gustavo Alberto Marrero, los presidentes de las patronales de ambas provincias canarias, Pedro Alfonso (CEOE) y Pedro Ortega (CCE), y los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT en las Islas, Inocencio González y Manuel Navarro.
El debate tiene una profunda carga ideológica y está íntimamente ligado -según la postura de algunos grupos políticos- a otra de las conclusiones inamovibles a las que se ha llegado por unanimidad durante este ciclo de comparecencias: el REF no se conoce lo suficiente entre los ciudadanos, aunque a este punto llegaremos más tarde.
Bonificar IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social
La propuesta de bonificar el IRPF a los ciudadanos y las cotizaciones a la Seguridad Social a trabajadores y empresas es, precisamente, una de las ideas que lanzó el comisionado del REF, José Ramón Barrera, el año pasado. Esta figura del Comisionado ha sido el baluarte esta legislatura de los socios de Gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, para defender el Fuero canario y Barrera llegó al cargo apadrinado por los populares.
Barrera no ha propuesto una bonificación indiscriminada, sino que aboga por modularla por tramos de renta, por ejemplo, o por edades en el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social. En este último caso, el comisionado del REF proponía que las exenciones fuesen para colectivos con mayor porcentaje de parados de larga duración. La lógica era la siguiente: si antes estaban desempleados y sin cotizar, las arcas públicas no notarán la diferencia al no ingresar las cotizaciones, pero sí se incentivará su contratación porque las empresas estarán más interesadas en estos colectivos.
Defensores y detractores
Precisamente por ser su padrino, el PP ha hecho una defensa acérrima de los postulados del comisionado durante el ciclo de ponencias de la propuesta de bonificación impositiva -y, con menor entusiasmo, también lo han defendido el resto de socios-. La medida ha sido alagada especialmente por las patronales CEOE y CCE y rechazada frontalmente por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Entre los diputados, quienes han llevado la voz cantante en su oposición a la medida propuesta han sido Gustavo Santana (PSOE) y Esther González (Nueva Canarias).
Los sindicatos temen que una bonificación al IRPF liquide la negociación colectiva, tal y como afirmó en su ponencia Inocencio González (CCOO), pues los trabajadores verían incrementado el neto de su salario -que no el bruto- y verían satisfecha su necesidad de contar con más líquido en el bolsillo, provocando una desmovilización.
Una "trampa" que perjudica al trabajador
El problema, según los sindicatos y el ala izquierda del hemiciclo canario, es que eso sería una "trampa" -así lo define Gustavo Santana-, porque la subida del neto de los trabajadores iría a cargo del detrimento de los servicios públicos sufragados con los impuestos y en ningún caso significaría un reparto de los crecientes beneficios empresariales. Tampoco significaría un gran ahorro para los que menos ganan, pues al ser el IRPF un impuesto que va por tramos, las rentas más bajas experimentarían un ahorro porcentual bajísimo, cuando no nulo en los casos exentos de tributación.
Además, los salarios no subirían en ningún caso, pues el bruto continuaría intacto. El propio Santana preguntó este jueves a Pedro Ortega (CCE) -que rehuyó la pregunta- por qué no se reunía de inmediato con los sindicatos para pactar subidas salariales, si tanto le preocupaba incentivar el consumo.
"Eso no es un reparto de la riqueza", ha zanjado este jueves Manuel Navarro al hablar sobre la cuestión. Sin embargo, desde el grupo de socios de gobierno se percibe la medida como un incentivo para el consumo que aliviará a las familias canarias.
'Colársela' a los trabajadores
Desde el PSOE, no obstante, perciben en esta propuesta un intento de aprovechar el tirón del argumento de que "hay que dar a conocer el REF entre los ciudadanos" para apelar a su bolsillo, hacerles sentir que el Régimen Económico y Fiscal no es sólo una herramienta para que grandes empresas puedan pagar menos impuestos, sino que ellos también pueden acceder a deducciones, y colar de esta manera medidas más liberales de reducción impositiva.
El problema, en realidad, es que el REF no ha sido capaz de reducir las diferencias entre canarios. Según un estudio de la Universidad de La Laguna citado el jueves por el secretario general de UGT, en Canarias se hereda el 30% de la riqueza y el 10% de la población acapara el 60% de ésta.
Este problema se agrava, según entienden los sindicatos y la oposición del PSOE a su izquierda, por la bonificación impositiva del 99,9% que ya ha realizado este Gobierno de Canarias en el impuesto de sucesiones y donaciones.
Un escenario nuevo para un debate viejo
En síntesis, el ciclo de comparecencias para una posible reforma del REF está sirviendo de forma encubierta para ampliar a un nuevo escenario el debate sobre la reducción de impuestos para incentivar el consumo, como lo concibe la derecha, o el cercenamiento de los servicios públicos por la vía de la rebaja impositiva, en detrimento de los intereses de los trabajadores y beneficio de los que más tienen.
Hace una semana, la revista económica La Gaveta organizó unas jornadas sobre el REF a las que invitó a los historiadores vasco y navarro José María Portillo y Mikel Lizarraga para que sintetizasen las razones del arraigo social de los fueros fiscales en sus regiones. Una de las conclusiones de aquellas charlas fue que en Euskadi y Navarra nadie pone en duda los fueros, hay un consenso parlamentario y civil sobre su categoría de derecho histórico.
Ahora bien, la configuración de sus herramientas en la actualidad, precisaron, es lo que se iba adaptando y discutiendo. Canarias está en el camino de referenciar el REF como un fuero, como un derecho histórico, que siempre estuvo ligado a exenciones fiscales. Hoy en día, como en Navarra y Euskadi, los partidos intentan influenciar los resortes del fuero con su propia línea ideológica y el debate parlamentario sobre la actualización del Régimen Económico y Fiscal es un ejemplo evidente.