"El Puerto se siente atacado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria". La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, hace inventario de los desencuentros o enfrentamientos que ha tenido con el gobierno de Carolina Darias durante este primer año de mandato.
Calzada, a preguntas de los periodistas durante un desayuno en Canarias 7, aclara que es el Ayuntamiento quien ha realizado "ruedas de prensa" y "enviado comunicados" para cuestionar actividades o proyectos de la comunidad portuaria, entre ellos la planta de gas, el suministro de combustible o el proyecto Puerto-Ciudad, cuya gran zona verde sigue en el aire por el retraso municipal en trasladar las naves de ayuda humanitaria.
Empresarios
"No sabemos el motivado de esos ataques, pero mantenemos las puertas abiertas y la cordialidad", explica la presidenta, que extiende esa preocupación a los empresarios.
El último episodio de esos desencuentros ocurrió hace dos semanas, con el cierre de la playa de Las Alcaravaneras, tras un pequeño derrame de fuel en una operación de bunkering.
Alcaravaneras
La Autoridad Portuaria dio por controlada la situación tras eliminar la mancha de fuel, pero el Ayuntamiento decidió cerrar el lado sur de la playa al baño al encontrar restos de hidrocarburos en la orilla, lo que evidencia la discordancia entre ambas administraciones, sobre todo a la hora de gestionar una alerta de esa naturaleza. La playa, a la mañana siguiente, fue reabierta sin ninguna incidencia.
Con todo, para evitar ese tipo de malos entendidos, la Autoridad Portuaria baraja adquirir una red anticontaminación que esté fija en Alcaravaneras y se puede desplegar para proteger el arenal si hay algún derrame.
En el Puerto y la bahía se realizan al año unas 12.000 operaciones de suministro de combustible, siendo el porcentaje de accidentes del 0,001 %, destaca la presidenta, que lamenta la alarma social generada por estas incidencias.
Gas
Más grave, al menos desde el punto de vista institucional, es el rechazo del Ayuntamiento y del Cabildo de Gran Canaria a la planta de gas de Totisa, una postura que deja a la Autoridad Portuaria en una situación delicada con respecto a la tramitación del proyecto.
Calzada, sin embargo, recuerda que el proyecto es de 2019, y entre los consejeros que lo apoyaron entonces está el propio presidente de Cabildo, Antonio Morales, que ahora se opone al mismo.
Por eso reclama que no se haga del gas "una cuestión política", y pide respecto para los técnicos que deben hacer los informes medioambientales, los cuales determinarán la viabilidad de la planta, que sigue su tramitación administrativa, sin la revisión de oficio del expediente que reclaman los colectivos ciudadanos.
Puerto-Ciudad
Igual de complicado está retomar el consenso para trasladar las naves de ayuda humanitaria y hacer en ese espacio la gran zona verde proyectada.
Tras cuatro meses desde la primera reunión de los equipos técnicos, que estaba llamada a desbloquear la situación, pocos o ningún avance ha habido.
El Ayuntamiento ha incumplido dos veces los plazos establecidos para trasladar las naves. La demora va camino de una tercera prórroga, avanza la Autoridad Portuaria.