El Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife ha manifestado este lunes su malestar por cómo se han gestionado los fondos Next Generation para la transición energética de los edificios residenciales en la provincia.
Según comentó el asesor gestor del colegio, Patxi Padura, solo el 8% de los recursos consignados (11,6 de los 136 millones comprometidos) ha ido a parar a los edificios residenciales, apostando de manera indisimulada “por los barrios y la vivienda pública”, lo que es “más fácil de gestionar desde el propio ICAVI (Instituto Canario de la Vivienda)”.
Denuncia que en este tiempo, cerca un año después de salir la subvención solo se han aprobado solo 28 solicitudes. Se suma a esto que en agosto, en una reunión con el director del ICAVI, Antonio Ortega, y su jefe de departamento, Pedro Almeida, se les comunica que se "cerraban las puertas" a la rehabilitación de 402 edificios.
Ya estaban presentados 170 expedientes de solicitud de ayudas para realizar el programa 5 (P5, la instancia previa al comienzo de la obra) previstos en las ayudas de los Next Generation, y que subvenciona un libro del edificio, una inspección técnica y un proyecto integral de rehabilitación energética, de las que se han concedido 28 y otras 142 están sin aprobar, mientras que el resto están pendientes de presentar.
Falta de personal
El argumento dado es que el P5 "no computa a la hora de presentación de cifras en Madrid, pero con el P3 sí (programa 3, la obra en sí) y el ICAVI nos viene apoyando con promesas para que sigamos trabajando en el P5 porque este lleva al P3”.
Opina Padura que hay una clara “falta de personal” en el ICAVI y “el P5 lo único que genera es trabajo” lo que explica que se haya optado por primar la vivienda pública.
“Nos han dejado a nosotros sin recursos”, lamenta el presidente del colegio, Luis García. “No hay estrategia, no hay un nuevo proyecto ni una nueva manera de poder gestionar. Estamos hablando más de 400 comunidades que se van a quedar fuera después de un trabajo enorme”.
Por ello proponen los administradores dejar que la iniciativa privada trabaje en ello. “Presentamos las cosas como hay que presentarla y que lo público nos audite. Parece que lo público solo pone pega, así que vamos a agilizar un poquito todo esto, no seamos tan burocráticos y dejarnos a lo privado trabajar a gusto para que lo público funcione mejor”, reflexiona Patxi Padura.
Importante ahorro
Es de reseñar que el ahorro que experimentarían las familias en sus facturas son superiores al 60%. “Una factura eléctrica media en Canarias es de 70 u 80 euros cada vivienda, de los cuales el 50% es agua caliente”, argumenta Padura.
“Metiendo fotovoltaica y aerotermia la reducción de consumo energético podría estar entre el 60 y el 80%. Además, para la máxima subvención uno de los requisitos es que se ahorre más del 60% de la energía primaria que consume el edificio. Pero en todos los proyectos que estamos trabajando el ahorro es superior al 60%”.
Con todo, siempre hay que tener en cuenta las fisuras y los problemas que tiene el edificio, en el caso del Archipiélago, por los efectos del sol. “Las cubiertas están pintadas y el edificio sufren muchísimo por el sol y el calor. Aquí lo que buscamos es la estabilidad de la temperatura (o bajarla), y una diferencia con otros sitios donde hace más frío”.
Ejemplo en Las Palmas
Ponen los representantes de los administradores de fincas un ejemplo que se dan en Las Palmas de Gran Canaria. Un proyecto de P3 de 3 millones de euros, cuando en fase inicial se dotó con 5 millones y más tarde se amplió a 9 millones.
Cuestionan ese manera de proceder porque entonces solo “van a encajar 10 ó 12 proyectos. Con 3 millones de euros tenemos 150 P5 aprobados y de esos el 70% se puede llevar a cabo en el P3. Si lo personalizamos en solo un edificio con un proyecto de 3 millones se van a ver beneficiadas 100 personas, pero con 400 edificios estamos hablando de mejorar la vida de casi 40.000 personas”, finaliza Patxi Padura.