La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) se ha puesto manos a la obra para gestionar con recursos propios el centro de control que abarca Salinetas, Arinaga y La Luz. El objetivo es que el servicio deje de estar externalizado en seis meses, por lo que antes de que llegue el verano de 2024 el objetivo ya se habría materializado. El anuncio lo hizo este jueves la presidenta de la institución, Beatriz Calzada, tras el último Consejo de Administración del año.
Resaltó que una de las cuestiones a la que le dan más importancia es una que en su momento generó debate y se había quedado sobre la mesa: el control del tráfico marítimo en el Puerto. Hasta el momento, la gestión ha estado en manos de la corporación de Prácticos de Las Palmas, pero la tendencia a lo largo del territorio nacional está siendo la de apostar por el personal y el dinero de las propias autoridades portuarias.
Ley de Puertos
“Es verdad que la Ley de Puertos nos da todas las competencias para la prestación de los servicios portuarios para que se desarrollen en la forma más efectiva posible y en las condiciones más óptimas de eficacia de economía y de productividad”, detalló.
La decisión que han tomado en la APLP también se ha pensado y ejecutado en otras zonas de España como Barcelona. “Nosotros hemos estado reflexionando y conociendo esos modelos de gestión para ver cómo se están haciendo”, sostuvo.
El coste
“En los últimos tiempos estamos asistiendo a una reflexión en torno a la gestión de los puertos y lo que está primando es que las autoridades portuarias ganemos mayor autonomía respecto a la gestión en la medida de lo posible con todo el número de servicios posibles”, indicó Calzada.
El primer paso ha sido sacar un pliego con un coste de unos 340.000 euros para seis meses y prorrogable otro medio año más porque el anterior estaba vencido. El fin es que otra entidad continúe prestando el servicio hasta que esté todo listo para que la Autoridad Portuaria lo gestione con sus propios recursos.
El procedimiento
“Una vez que sabemos qué necesitamos empezaremos a preparar los concursos para contratar a todo este personal. Hay personal que cumple los requisitos, por lo que habrá que hacer promociones internas. Pero también habrá que sacar unas selecciones externas para que se incorporen al puerto. Calculamos unas nueve personas, quizás alguna más”, prosigue.
En su momento, cuando se planteó que el centro del control estuviera en manos de Salvamento Marítimo, el ambiente estuvo caldeado porque las siete mujeres que trabajan allí desde hace tiempo podrían perder su empleo. La idea ahora es que ellas, si quieren, mantengan su empleo. “Nuestra intención es que ellas se presenten por la experiencia que tienen, algunas de décadas. Lo normal es que tengan muchas opciones de salir”, sentenció Calzada.
Fred Olsen
Otro de los asuntos que se abordó en el Consejo de Administración fue el desistimiento en una solicitud de otorgamiento de concesión por parte de Fred Olsen. “La empresa había solicitado en un intento de reordenación del Puerto lo mismo que hizo Trasmediterránea en su día, que al final es unificar todos sus servicios en una parte del puerto”, dijo.
“Se había solicitado concesión en Muelle Grande para unificar terminal de pasajeros, vehículos… Pero los barcos que adquiere la compañía para hacer las rutas a la Península tienen unas dimensiones que no posibilitan que puedan operar en esa zona. Se desiste de esto y se va a seguir exactamente igual, estamos revisando si se puede hacer en algún otro sitio”, culminó la presidenta de la APLP.