El Gobierno de España aprobó el pasado 29 de octubre un proyecto de ley para obligar a que determinadas empresas —todo dependerá tanto de su facturación como de su plantilla— deban rendir cuentas sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza —al margen de la información financiera—. Todavía sigue en trámite y la previsión es que salga adelante en pocos meses. Las grandes compañías deben ir pensando cómo lo van a afrontar, pero las de menor tamaño no tienen que relajarse porque también pueden estar involucradas. Es el caso de algunos hoteles canarios que trabajan para cadenas o turoperadores de otros países con un volumen mayor de negocios.
La normativa que tiene en marcha el Estado, inspirada en directrices europeas, indica que deberán cumplirla todas las empresas grandes cuando la cifra anual de negocios supere los 20 millones de euros y cuente con un equipo por encima de los 250 empleados. Dentro de la principal actividad económica del Archipiélago, el turismo, existen compañías que cuentan con números así de elevados, aunque se da el caso de que hay socios más humildes se verán en la tesitura de satisfacer las demandas de los gigantes que están por encima.
Microempresas
Pere Ruiz, presidente de la Comisión del Sector Público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), explica en una entrevista concedida a Atlántico Hoy que, a pesar de que las pymes o las microempresas no estarán obligadas a rendir cuentas en materia de sostenibilidad, influye la cadena de valor. Consiste en que las grandes multinacionales, cuando disponen de un proveedor de servicios con un volumen más pequeño, tienen la capacidad de instar a sus socios a que cumplan los mismos requisitos que ellas.
“Si un turoperador que tenga la sede en Alemania, donde están aplicando la directiva europea a un nivel similar al español, tiene una filial aquí o trabaja con grupos hoteleros de las Islas que le dan servicios importantes, se exigirá los requisitos a sí mismos y también a todos aquellos terceros con los que trabaja”, pone como ejemplo. Aún queda tiempo para que se haga efectivo, pero está claro que marcará un antes y un después en la transparencia de las entidades que desempeñan alguna actividad en Canarias.
Ruiz viajó hasta el Archipiélago para participar en el XXVI Congreso Nacional de Auditoría. El evento reunió a la élite del sector en el Palacio de Congresos de Canarias y fue organizado por el Instituto de Censores de Cuentas de España (ICJCE).
Otros países
La nueva Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad para la divulgación de la contribución de las empresas en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza —que así se llama— deriva de normativas europeas. De hecho, Ruiz aclara que hay una muy parecida en Francia, Alemania o Italia. En definitiva, afecta al conjunto del viejo continente. De esta manera, se da un vuelco al concepto de auditoría porque las compañías no solo darán información financiera puramente contable.
El presidente de la Comisión del Sector Público del ICJCE resalta que a nivel europeo hay una serie de directivas y de estándares que regulan la información mínima que las empresas deben dar sobre sostenibilidad. “En qué medida las empresas cumplen medidas medioambientales, cuál es su huella de carbono, así como cuál es su impacto de consumo energético o de papel”, apostilla.
Consejo de Ministros
El proyecto de ley en España pasó hace una semana por el Consejo de Ministros y ahora está en trámite parlamentario. “Ya hay un anteproyecto y un borrador de normativa, puede haber algún cambio pero está ya muy elaborado”, dice Ruiz. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señaló en una nota de prensa que el objetivo es trasponer “dos directivas europeas que mejoran el marco de verificación de la información sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza”.
“En todo el Estado español es un camino que está empezando a andarse al margen de las grandes corporaciones empresariales como constructoras o compañías energéticas. Esta normativa a nivel español aún no es de aplicación, se prevé que lo será para el año 2026. Estamos en un camino incipiente. Cualquier empresa canaria debe desde hoy mismo empezar a prepararse para dentro de dos años cuando tenga que aplicar esa ley o bien sus proveedores se lo exijan”, reflexiona Ruiz.
Huella de CO2
Pone sobre la mesa que la auditoría puede ayudar a garantizar que las empresas y administraciones públicas implementen prácticas sostenibles. “Esta información tiene ese objetivo, que las compañías en el momento que tengan que dar cuenta de su huella de CO2, de sus políticas hagan una gestión mejor. Ayudará a que sean más sostenibles con medidas medioambientales más rigurosas”, resalta.
Acerca de los fondos Next Generation que se están aplicando en Canarias, indica que exigen en su inmensa mayoría que en su justificación y aplicación se acompañe la auditoría. “Una empresa que recibe un fondo europeo, cuando el proyecto acaba debe presentar una memoria con lo que se ha hecho o qué objetivos han cumplido”, sentencia.