Los auditores piden al Gobierno consenso y unas reglas homogéneas y claras para todos los actores en el marco regulatorio de la verificación de la información sobre sostenibilidad. Consideran que la implementación del recientemente aprobado Reglamento de Directiva sobre Información sobre Sostenibilidad requerirá de un gran esfuerzo por parte de todas las instituciones implicadas si se aspira a tener éxito en el ambicioso objetivo que este reglamento se ha marcado: pasar del aseguramiento limitado con el que se viene trabajando actualmente al aseguramiento razonable en la verificación de la información de miles de grandes empresas de la Unión Europea.
A este reto hay que sumar los que van a conllevar otras directivas pendientes de ser aprobadas, como la de emisión de bonos verdes o la de diligencia debida, que van a generar nuevas obligaciones de reporte y una importante demanda de trabajos de aseguramiento.
Buenas perspectivas de crecimiento
A pesar de las diferentes crisis que se han sucedido en los últimos años, el número de trabajos de Auditoría de cuentas ha continuado creciendo de manera sostenida y en 2021 se superaron por primera vez en España las 72.000 auditorías. El ICJCE espera que este récord se vuelva a superar en 2022 y que la tendencia se mantenga gracias al aumento de la demanda de trabajos en los tres ámbitos que integran el concepto ESG (siglas en inglés de Medioambiental, Social y Gobierno), que va a ser sin lugar a duda, el principal motor de crecimiento de las firmas de auditoría en los próximos años.
“Va a serlo para las grandes firmas —las grandes empresas estarán obligadas por Ley a presentar y verificar un importante volumen de información sobre aspectos ESG sin precedentes— y para los despachos menos grandes, ya que cada vez más las PYMES van a estar, aunque sea de forma indirecta (para acceder a ayudas públicas, a licitaciones, a financiación, por reputación, etc.), obligadas a hacer y verificar este tipo de reportes. También creemos que es un área de trabajo muy grande y que cada firma se especializará en tipos de trabajos, sectores y nichos de mercado”, destacó Ferrán Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), durante la inauguración del XXV Congreso Nacional de Auditoría, que se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Estuvo acompañado por el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Santiago Durán, el presidente de la Agrupación del País Vasco, Santiago Eraña, y la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi.
'Boom' de demanda
“Desde mi punto de vista la clave principal para que nuestros despachos puedan aprovechar esta oportunidad va a ser la captación y retención de talento: en estos primeros años de implantación de la norma seguramente el boom de demanda de este tipo de servicios va a requerir un número de expertos muy superior al que ahora mismo hay en el mercado y con perfiles muy diferentes a los que hasta ahora veníamos demandando en nuestras firmas”, explicó Ferrán Rodríguez.
La sostenibilidad puede aportar otro elemento positivo a las firmas multidisciplinares: mayor tamaño. “Creo que es muy positivo porque, como venimos diciendo desde hace tiempo, los despachos tienen que ganar tamaño para ser más competitivos y afrontar las inversiones en nuevas tecnologías y en adaptarse a los requisitos de supervisión a los que ya estamos sujetos y a los que vamos a estar al entrar en los trabajos de sostenibilidad. Resumiendo, la sostenibilidad va a generar negocio y va a permitirnos ganar dimensión, lo que va a repercutir en la viabilidad del conjunto de nuestras firmas”, finalizó Rodríguez.