La Audiencia de Cuentas de Canarias ha informado que las administraciones y sociedades públicas en Canarias podrían estar usando el fraccionamiento de contratos para eludir los requisitos de publicidad de los contratos así como de los procedimientos de adjudicación establecido. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes aglutina el mayor número de contratos menores, duplicando al segundo.
En concreto son dos informes de fiscalización de los contratos públicos, uno del ejercicio de 2019 de la administración autonómica y otro de 2020 sobre las sociedades y empresas públicas. Lo que refleja el primero de estos informes es que la comunidad realizó 408 contrataciones menores, es decir, que no sobre`pasan el límite de los 15.000, pero que en su conjunto sumaron un total de 6,4 millones de euros.
Repeticiones de contratos
La Audiencia de Cuentas observa en ambos ejercicios "repeticiones mensuales en objeto, importe y adjudicatario", lo que "denota una falta de planificación en aquellas contrataciones de carácter recurrente en la que incurren los diferentes órganos de contratación. Dichas reiteraciones, en los pagos con similares objetos hace que, en algunos casos, se pudiera dar la figura del fraccionamiento en determinadas contrataciones, vulnerándose con ello los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda", indica el informe de 2019.
Este viernes el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, compareció en comisión parlamentaria para presentar los informes y destacó que la Audiencia de Cuentas expresó finalmente una opinión "favorable con salvedades", aunque estas prácticas son una muestra de "una falta de planificación en las contrataciones recurrentes", según recogió Efe.
Fraccionado o no
Durante la comparecencia, Pacheco recalcó que las conclusiones de los informes no se pueden "afirmar de forma taxativa" al no analizarse los expedientes concretos. Unas declaraciones que responden a los comentarios de la portavoz de Nueva Canarias, Esther González, quien comentó que fraccionamiento "o existe o no existe", frente a la ambiguedad de la frase de los informes "se pudiera dar la figura del fraccionamiento". Para González, con esta expresión "siembran la duda" pero no afirman nada, es como "tirar la piedra y esconder la mano".
Dentro de las 408 contrataciones mencionadas anteriormente hay tres contratos que destaca la Audiencia realizados por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que superan el límite "sin que se tenga constancia de que se haya realizado procedimiento de contratación alguno, por lo que estarían incursos de causa de nulidad de pleno derecho por omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido", denuncia Pacheco.
Uso ineficiente
Otra de las conclusiones destacadas es que el Gobierno de Canarias incumple sus resoluciones y medidas para el uso eficiente de los recursos públicos, aprobadas en 2016, en particular las referentes a la centralización de compras de material informático y de oficina. También se destaca que en 2019 se realizaron 5.451 contrataciones (5.117 de ellos contratos menores) por un valor de 330,9 millones de euros, de los cuales 176,2 millones fueron contratos de obras y 134,7 millones de servicios.
En el caso del informe sobre la contratación autonómica en 2019, la Audiencia indica que cais el 82% de las relaciones anuales de contratos le fueron remitidas fuera del plazo. Por procedimiento de adjudicación, los contratos por procedimiento abierto alcanzaron los 285,8 millones de euros.
En cuanto a las 21 sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales del Gobierno de Canarias, únicamente seis facilitaron en plazo la información de 2020 a la Audiencia de Cuentas y en general con una ausencia de homogeneidad y uniformidad que dificulta el análisis de las 12.413 licitaciones y adjudicaciones directas realizadas, por un importe de 285 millones de euros.