La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, ha trasladado a los partidos políticos con representación parlamentaria las claves que esta organización empresarial considera más destacadas en los asuntos de importancia en materia turística ante los inminentes comicios autonómicos, insulares y municipales del 28 de mayo.
Entre esos asuntos, la patronal hotelera aborda la falta de vivienda para personas trabajadoras del sector turístico, la conectividad aérea del Archipiélago, la explotación turística ilegal o el alquiler vacacional en las Islas, además de reiterar su oposición a la tasa turística o mal llamada ‘ecotasa’, entre otros asuntos.
Respecto a este último punto, Ashotel considera que se trata de una propuesta con un claro componente electoralista, que realmente “no es una tasa, sino un impuesto a la pernoctación, puesto que no contempla contraprestación alguna a esa exacción tributaria”.
Ecotasa
La patronal hotelera recuerda que en otros destinos españoles donde se ha implantado carece de un consenso sobre sus bondades y “tampoco se aporta información precisa sobre su destino ni sobre el uso que se da a ese dinero recaudado”, al tiempo que apunta que en Baleares o Cataluña se vendió para mejora del espacio o de las infraestructuras turísticas y no ha sido así.
“Al principio, cuando se abrió hace algunas legislaturas el debate, se hablaba de una recaudación para Canarias, con una supuesta tasa de 2-3 euros / noche, de entre 160-180 millones de euros. ¿Qué se puede hacer con 180 millones de euros que no se pueda hacer con 2.700 millones de euros que ya recaudan las administraciones públicas del sector turístico en Canarias?”, se pregunta la patronal.
Vivienda
Sobre la falta de vivienda en Canarias, en especial para los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, Ashotel apunta que las personas que trabajan en el sector turístico no pueden vivir en las zonas turísticas porque los precios de los alquileres los obligan a vivir fuera de ellas y coger un vehículo (particular en la mayoría de los casos) para acudir a trabajar, lo que agrava otro de los problemas: el de la movilidad. La oferta de vivienda pública o privada es muy reducida, lo que hace que los precios se incrementen, convirtiendo el acceso a la vivienda en un imposible para muchas personas trabajadoras.
La patronal hotelera recuerda que desde octubre de 2022 viene solicitando sin éxito a la Fecam una reunión junto con el sindicato mayoritario en el sector de alojamiento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y plantear la necesidad de identificar bolsas de suelo en los municipios turísticos de Canarias que pudieran destinarse a la construcción de viviendas sociales que contribuyeran a reducir el problema existente.
Regular la vivienda vacacional
Otro de los asuntos trasladados es el relativo a la necesidad de revisar la regulación de la vivienda vacacional en Canarias, un modelo que Ashotel considera válido, siempre y cuando no genere problemas de convivencia en zonas y edificios residenciales y que no se convierta, como sucede actualmente en no pocos casos, en una explotación turística ilegal en complejos de apartamentos turísticos.
Al respecto, la patronal hotelera ve con preocupación cómo surgen cada vez más viviendas vacacionales en complejos turísticos con división horizontal, que se explotan de forma particular al margen del principio de unidad de explotación que recoge la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias. La vivienda vacacional ilegal está destruyendo sectores como el del turismo rural, que tanto aporta a las medianías y a los entornos rurales y que ve cómo proliferan alojamientos ilegales a lo largo y ancho del territorio.
Conectividad con Canarias
Respecto a la conectividad aérea de Canarias, prácticamente la única vía que permite a las Islas vivir del turismo, Ashotel insiste en que la regulación de la UE sobre el mercado de los derechos de emisión, con fecha de entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2024, “puede afectar negativamente al archipiélago, al generar un incremento en el precio de los billetes aéreos”.
La patronal hotelera recuerda que a pesar de los contactos realizados, la propuesta sigue su curso, ya que ha sido aprobada por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y no distingue a territorios europeos ultraperiféricos, como es Canarias, de aquellos otros que están en el continente y que tienen alternativa al transporte aéreo.
Turismofobia
Otro de los asuntos que preocupa a Ashotel es el debate creciente de algunos colectivos “que se arrogan la supuesta representación de una mayoría de la población” sobre el modelo turístico canario y que está derivando en una clara turismofobia.
La patronal hotelera respeta cualquier posicionamiento que huya de manifestaciones violentas y anima a esos colectivos a plantear de forma seria alternativas al sector que ha permitido a Canarias conocer unos niveles de desarrollo y bienestar impensables hace apenas 40 o 50 años. Muestra de ello es que el turismo representa el 35% del PIB de Canarias y emplea al 40% de la población activa de forma directa.
Ashotel está de acuerdo en que hay que mejorar, especialmente ante los retos de sostenibilidad turística “que ya tenemos en un horizonte temporal muy a corto plazo” y advierte de que no se puede culpar a la actividad alojativa tradicional (hoteles y apartamentos) de los procesos de gentrificación provocados por la falta de una regulación adecuada para la vivienda vacacional.
Recuerda que el suelo turístico clasificado en Canarias está muy limitado y no se permite nueva clasificación, con lo que el crecimiento de nuevas plazas hoteleras o extrahoteleras no es muy previsible y que la que se lleve a cabo debe venir mediante la creación de nuevos complejos a través de la compra y renovación de algunos existentes en situación de obsolescencia.
Competitividad del sector
Finalmente, otros asuntos trasladados a los partidos, que influyen sin ninguna duda en la competitividad del sector, tienen que ver con la parálisis en la ejecución de infraestructuras básicas; la necesaria celeridad en la tramitación de los expedientes de costas y en las concesiones administrativas; la necesidad de simplificación administrativa y de seguridad jurídica de la normativa y planificación territorial o la liberalización por la vía rápida de suelos turísticos bloqueados actualmente en La Palma por diferentes conflictos administrativos y situados en zonas no afectadas por la erupción.