El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, pide una mayor regulación de la vivienda vacacional en Canarias, pues la que hay en vigor permite que "prácticamente cualquiera" sea susceptible de este uso.
En un artículo que titula 'Turistas en nuestras casas y residentes en nuestros hoteles', Marichal indica que el suelo destinado a alojamiento turístico ''está programado y planificado para dicho uso exclusivamente, de ahí que su precio sea también superior al del residencial y esté sujeto a un sinfín de normas de obligado cumplimiento''.
Marichal resalta además en que "no existen mayores impedimentos" para que a través de la ordenación urbanística municipal se puedan regular zonas destinadas a vivienda vacacional atendiendo, por ejemplo, a indicadores de demanda social de vivienda, "pero la inoperancia y cobardía municipal, en muchos casos, lo hace imposible".
''Explotación turística legal''
Pero lo peor, señala el presidente de la patronal tinerfeña, es "la explotación turística ilegal" cuando los propietarios se saltan el principio de unidad de explotación con viviendas que forman parte de un complejo turístico. Algo que no permite la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (1995), que determina el sometimiento a un único explotador turístico, quien debe poseer la mayoría, cuando no el 100% de las unidades del complejo.
Sin embargo, "llevamos años asistiendo a un vergonzoso incremento de unidades que salen de la explotación turística, no para un uso privativo, que la ley permite a su legítimo propietario, sino para una explotación turística individual o colectiva no permitida", critica Marichal.
Marichal afirma estar a favor de la vivienda vacacional siempre que se cumpla "la misma normativa que el resto del sector" y donde su existencia no signifique "la destrucción de empleo y la pérdida de identidad de nuestros pueblos y ciudades". Subraya que además de la amenaza para el sector hotelero y extrahotelero, lo es también para la disponibilidad de vivienda para uso residencial, agravada por la inflación. Y en este punto critica la escasez de vivienda pública en Canarias y la dilación en la redacción o, en su caso, aprobación de los planes generales.