La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha respondido con firmeza a las recientes declaraciones en Radio Lanzarote-Onda Cero de Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias, respecto a la normativa que regula las viviendas vacacionales (VV) en las islas.
Según Doris Borrego, presidenta de la asociación, el Gobierno está utilizando de manera inapropiada la normativa de actividades clasificadas de 2011 para imponer restricciones que podrían eliminar hasta el 90% de las viviendas vacacionales.
ASCAV reconoce que el Decreto 113/2015, que regula las viviendas vacacionales, establece en su artículo 4 que estas deben cumplir con la normativa sectorial de actividades clasificadas. Sin embargo, subraya que las viviendas vacacionales son, ante todo, viviendas, no establecimientos turísticos como hoteles o complejos de apartamentos, que son el verdadero objeto de la ley de actividades clasificadas de 2011.
Una normativa desfasada
La asociación recuerda que en el momento en que se redactó la Ley 7/2011 y los decretos de clasificación de actividades de 2013, las viviendas vacacionales no existían como modalidad regulada de alojamiento.
Por lo tanto, aplicar esta normativa a las VV es un error, ya que fue diseñada para infraestructuras turísticas complejas, no para pequeños propietarios que alquilan sus viviendas sin prestación de servicios, tal como lo reconoce la Agencia Tributaria, que considera el alquiler vacacional como un rendimiento de capital inmobiliario.
Borrego destaca que muchos de estos propietarios no realizan actividades económicas en el sentido estricto y no están obligados a darse de alta como autónomos ni a cumplir con normativas tan complejas como la clasificación de actividades.
Además, subraya que el uso de las VV sigue siendo residencial, lo que no impacta negativamente en los Planes Generales de Ordenación (PGO) municipales, tal y como inicialmente se estipuló en el propio Decreto 113/2015, que prohibía el uso vacacional en suelos turísticos.
Críticas al nuevo anteproyecto de Ley
ASCAV expresa una vez más su decepción ante el nuevo anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que considera un golpe directo contra los pequeños propietarios de viviendas vacacionales.
La asociación denuncia que el Gobierno de Canarias, a través de declaraciones como las de Miguel Ángel Rodríguez, está engañando a los ciudadanos al asegurar que las viviendas vacacionales que ya están registradas y en regla podrán seguir operando.
Según ASCAV, el anteproyecto de ley obliga a las viviendas vacacionales a cambiar su uso de residencial a turístico, lo que en la práctica impediría la convivencia de VV con viviendas de uso residencial en edificios colectivos. Además, cualquier cambio en los Planes Generales de Ordenación Municipal necesario para adaptar las viviendas a esta nueva normativa sería un proceso largo y complicado, que podría extenderse durante años.
Borrego también señala que imponer los requisitos de actividad clasificada a las viviendas vacacionales es una traba insalvable para los pequeños propietarios, que no disponen de los recursos ni la infraestructura para cumplir con normas diseñadas para grandes establecimientos turísticos.
Mano tendida
A pesar de sus críticas, ASCAV sigue abierta al diálogo y ha manifestado su voluntad de encontrar una solución razonable para la redacción de esta nueva normativa.
La asociación espera que las autoridades canarias reconsideren su postura y se comprometan a proteger a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales, que juegan un papel clave en la oferta turística de las islas y cuya supervivencia, afirma, está en peligro debido a las medidas que se pretenden implementar.