Representantes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) han viajado recientemente a Bruselas donde han mantenido un encuentro con miembros de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión Europea (CE) ante la denuncia presentada "por las limitaciones y restricciones" que la normativa turística canaria "impone a los propietarios de inmuebles que desean dedicarlos al alquiler turístico en el Archipiélago", apuntan.
En este sentido, desde ASCAV recuerdan que denunciaron ante la CE que la vigente norma turística como el Anteproyecto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda "impone restricciones a la actividad turística que son contrarias al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior".
La asociación resalta que durante la reunión se trataron cuestiones "cruciales para los propietarios de viviendas vacacionales del Archipiélago" y que previamente "trasladaron a la CE abundante documentación que justifica los flagrantes incumplimientos de la normativa turística canaria".
Situación
Según detallan desde ASCAV, se les concedió "exponer razonadamente la difícil situación en la que se encuentran los pequeños propietarios de viviendas vacacionales a los que el Gobierno de Canarias pretende expulsar de la actividad turística". Por ello se comprometieron a hacer llegar a la Comisión "más documentación que justifica la situación en la que van a quedar los propietarios de las viviendas vacacionales de Canarias".
Recuerdan que, en general, el sector está conformado por pequeños propietarios que llegan a representar el 89% de la oferta total de viviendas vacacionales de Canarias. En este sentido aseguran que la CE continuará "con los trámites oportunos entre los que se encuentra, en su caso, emplazar a la Comunidad Autónoma de Canarias --a través del Reino de España-- para que efectúe cuantas alegaciones considere oportunas".
Europa
Insisten en que, en última instancia, el proceso "podría acabar con un Dictamen de Infracción a la normativa comunitaria de la que sería responsable la Comunidad Autónoma". Desde la asociación aseguran que van a continuar "desarrollando en instancias europeas diferentes acciones que irán siempre encaminadas a proteger a los pequeños propietarios y empresas gestoras de Canarias"
Ante esto añaden que el alquiler vacacional "es una fuente generadora de actividad económica y empleo" y que, "estando en juego miles de puestos de trabajo y una economía que supera los 1.700 millones de euros, ASCAV sigue y seguirá luchando por el sector de la vivienda vacacional en Canarias", concluyen.