La patronal de las viviendas vacacionales, ASCAV -Asociación de Alquiler Vacacional-, ha denunciado este viernes que ha recibido "por sorpresa y por vía no oficial" un nuevo Anteproyecto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, fechado el pasado 21 de julio tras pasar por "información pública y trámite de audiencia", del cual ha asegurado que se trataría de "la normativa más restrictiva de Europa" en cuanto a vivienda vacacional.
La asociación ha explicado que el documento se filtró a diferentes asociaciones y empresarios que contactaron a ASCAV para analizar el contenido. Tras leerlo, la patronal ha acusado al PP, partido que dirige la Consejería de Turismo y Empleo encargada de redactar la norma con Jessica de León al frente, de haber perpetrado un "repentino cambio radical y de una forma poco ética" con respecto al sector de la vivienda vacacional, al que históricamente ha apoyado.
Enfado con Jessica de León
"Desde el comienzo, la premisa siempre fue 'las [viviendas vacacionales] que están, se quedan'”, asegura ASCAV, poniendo estas manifestaciones en boca de Jessica de León. Sin embargo, tras recibir el anteproyecto por debajo de la mesa al haberse filtrado y haberlo estudiado, ASCAV se encuentra muy molesta con la Consejería de Turismo.
"¿Por qué ASCAV no recibe el nuevo Anteproyecto de la Ley directamente de la Consejería de Turismo? ¿Si no hay intención de llegar a acuerdos con ASCAV, con quién está consensuando la Consejería de Turismo la normativa?, ¿con las patronales hoteleras? ¿Cuál es el motivo del ensañamiento con el sector, procurando la erradicación de las viviendas vacacionales en Canarias? ¿Por qué no se ha parado o para la avalancha de registros de vivienda vacacional? ¿Acaso es parte del plan para justificar una normativa tan restrictiva?", es la serie de preguntas que ha lanzado la patronal en un comunicado.
Peticiones de ASCAV
ASCAV ha anunciado que busca alcanzar un "consenso político y normativo", solicitando a la consejería la suspensión temporal limitada a un año para paralizar nuevas altas de viviendas vacacionales -medida que fue propuesta hace meses para frenar la avalancha de nuevas altas por el efecto llamada causado por el anuncio de una nueva Ley-.
Igualmente, solicitan la formación de una mesa de trabajo para "consensuar y elaborar con todas las administraciones y agentes sociales un nuevo marco normativo que regule la vivienda vacacional en Canarias (desechando el actual)" y la "consolidación de todas las viviendas vacacionales inscritas con anterioridad al 1 de enero de 2024".
ASCAV también ha asegurado que el sector de las viviendas vacacionales tiene un "impacto global en la economía de Canarias de más de 2.700 millones de euros y crea más de 50.000 empleos directos".