La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV ha denunciado ante la Justicia a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias por negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5.000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura Ley que el Gobierno regional pretende aprobar en relación con las viviendas vacacionales.
De esta manera, la demanda ya ha sido admitida a trámite por inadmitir el acceso a la consulta pública, tramitándose actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Hechos denunciados
Todo empezó el 7 de diciembre de 2023 ASCAV, cuando solicitó a la Consejería de Turismo una copia íntegra de las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública, solicitando que se entregaran debidamente anonimizadas. Según relata ASCAV en un comunicado, la Consejería de Turismo negó el acceso a esas alegaciones, esgrimiendo que “no se dispone de medios suficientes para realizar tareas de anonimización de las citadas aportaciones”, criticando la asociación que las alegaciones de la ciudadanía se ejecutaban a través de internet, distinguiéndose separadamente los campos de ‘nombre y apellido’, “con lo que era muy sencillo filtrar tan solo el contenido de las alegaciones -que era lo que se solicitaba- obviando los datos personales, como no podía resultar de otra manera”.
Según esgrime ASCAV, la consejería se ha limitado a realizar un “Informe definitivo de la necesidad normativa”, que es una auténtica “Oda a la Restricción” o “Manifiesto Anti-Vivienda Vacacional” redactado por el propio Gobierno de Canarias a fin de tener el respaldo necesario que justifique su normativa anti-vivienda vacacional.
Restricción al acceso
En ese informe -continúa la denuncia- la consejería se ha limitado a clasificar las consultas en grupos, según los criterios estimados por la propia consejería, pero sin permitir el acceso al contenido mismo de las alegaciones propiamente dichas.
“Pero lo que es más grave, el Gobierno de Canarias ha ocultado a la ciudadanía que más del 70% de las alegaciones que se presentaron por la ciudadanía en la consulta pública fueron en contra de la futura Ley”, argumenta ASCAV.
Por último, recuerda que la Ley de Transparencia (Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública) establece como principio general que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico” (art. 35), estableciéndose además que tal derecho solo puede ser limitado por causa tasadas muy concretas (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, etc.) (art. 37) sin que en ninguna de dichas causas conste “no disponer de medios”, como argumenta el Gobierno de Canarias.