La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) no desiste ante la futura aprobación de la Ley de Uso Turístico Sostenible de la Vivienda e insta al Gobierno de Canarias a detener la tramitación del anteproyecto, pidiendo en su lugar un diálogo abierto con el sector para consensuar un nuevo texto.
La entidad, en un comunicado, refuerza sus peticiones apuntando al lobby hotelero como culpable y beneficiario de las decisiones que se están tomando desde la Consejería de Turismo, además de resaltar la próxima manifestación contra el modelo turístico del Archipiélago el 20 de octubre. Para ASCAV supone una preocupación y señala que las Islas se enfrentan a una creciente crispación que podría tener graves consecuencias económicas y sociales.
Próxima manifestación
Tras el 20A, parte de la ciudadanía se ha vuelto a organizar para tomar las calles contra las políticas turísticas que arrasan el Archipiélago. La asociación advirtió que la región ha sido etiquetada en medios internacionales como un "destino anti-turismo", así como señaló los grafitis de “tourist go home” (turista, vete a casa) y que esta nueva fecha de la manifestaciones en zonas turísticas en plena temporada alta el próximo 20 de octubre podría intensificarse esa imagen de las Islas.
Según ASCAV, las decisiones del Gobierno de Canarias y la crispación entre la población, están fomentando aún más debates “polarizados”. Desde la agrupación, critican que el enfoque del anteproyecto de ley está culpando a las viviendas vacacionales de problemas como la gentrificación, la turistificación y la turismofobia, en lugar de abordar los problemas estructurales de fondo, como la falta de vivienda protegida, la especulación inmobiliaria y la invasión de las costas por multinacionales hotelera.
El papel de las VV en la economía
La asociación recordó que la solución pasa por abrir una mesa de diálogo y por tomar medidas que garanticen un modelo de turismo sostenible que beneficie tanto a los canarios como a la economía local. En este sentido, destacaron que la vivienda vacacional genera un impacto económico de 2.700 millones de euros y que más de 40.000 personas dependen de este sector.
ASCAV concluye que la sostenibilidad turística debe enfocarse en el bienestar social y la preservación del patrimonio, y no en medidas que favorezcan a lobbies hoteleros en detrimento de las familias canarias.