El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado su prometida campaña contra la publicidad online de pisos turísticos ilegales. Pablo Bustinduy, el responsable del ministerio, ha lanzado una investigación sobre las principales plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb y Vrbo, por "posibles prácticas comerciales desleales" relacionadas con viviendas vacacionales que operan sin licencia y que se anuncian en todo el país.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) celebra esta medida que busca sancionar a aquellas viviendas vacacionales que no tengan licencia. De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades autonómicas y municipales competentes en este ámbito, una cantidad considerable de viviendas turísticas estaría operando sin licencia. Por esta razón, el Ministerio ha decidido iniciar esta investigación con el objetivo de proteger a los consumidores y usuarios frente a estas prácticas.
Prácticas ilegales
Basándose en esta información, la Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener datos sobre las viviendas anunciadas. Han puesto un especial énfasis en la actividad y responsabilidad de los grandes arrendadores o empresas que gestionan grandes cantidades de pisos turísticos en varias comunidades autónomas, ya que podrían estar incurriendo en "prácticas comerciales desleales".
Sin embargo, según Ascav en Canarias no existe esa desproporción tan considerable entre las viviendas de alquiler vacacional legales e ilegales. “Realmente, no existe un problema en Canarias de oferta ilegal”, continúa la Asociación, aún así, “aquellas viviendas que estén publicitadas y que no estén inscritas en el registro, por supuesto que la administración y la inspección cause bajas de esos anuncios”. Además, “los primeros perjudicados por las viviendas vacacionales ilegales son los propietarios de viviendas vacacionales legales”, explican.
Con la información recopilada a través de estos requerimientos, Consumo evaluará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas. Estas infracciones podrían calificarse como graves y conllevar multas de hasta 100.000 euros, que podrían incrementarse hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido.