La presidenta de Asaga Canarias Asaja, Ángela Delgado, y representantes del Manifiesto en defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF), encabezados por el decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, Samuel Cruz Palenzuela, se reunieron este jueves para validar la adhesión de la organización profesional agraria a dicha iniciativa.
Tal y como recordaron los presentes, el objetivo del Manifiesto REF es “adaptar” el fuero canario, anclado al Estatuto de Autonomía de Canarias, para que se garanticen las ayudas y, con ello, las inversiones en todos los sectores de la economía canaria. En el caso del sector agrario, “pedimos que se compensen las deficiencias estructurales y los sobrecostes que conlleva producir en un territorio ultraperiférico, máxime teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica actual que soportan los productores derivada de la pandemia, el volcán de La Palma, la guerra de Ucrania y la inflación”, indicó Delgado.
Ni el Gobierno de Canarias ni el de España se reune con Asaga
La presidenta de Asaga Canarias aseguró que “cuando se aprobó el nuevo documento REF en 2018, se sentaban las bases para convertir la actividad agrícola y ganadera en la diana a la que apuntar para diversificar el tejido productivo de las islas. Pedíamos al Estado que lo plasmado en esta ley se cumpliera para empoderar a nuestro sector. Cuatro años más tarde, nos hemos dado cuenta que esta herramienta no es capaz de adaptarse a circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo. Razones por las que demandamos que se cumpla y se flexibilice este marco normativo para que pueda responder a la crisis económica que vive el sector agrario de Canarias actualmente”.
En este sentido, los portavoces de los promotores de esta iniciativa lamentaron “una vez más” que ni desde el Gobierno de Canarias, ni desde el Ministerio de Hacienda se hayan reunido con ellos, con el fin de arbitrar unas normas que acaben con la inseguridad jurídica que está creando el REF, una herramienta que “se estableció para mejorar la situación económica de todos los sectores productivos en Canarias y por tanto de todos los canarios”. Es vital “que todas las instituciones canarias nos sumemos a la defensa de nuestro fuero, pues no pedimos más, solo adaptar la normativa a las circunstancias excepcionales vividas, dotándola seguridad jurídica para todos los canarios”, matizó Samuel Cruz.