La sociedad de capital riesgo RIC Private Equity ha presentado al Instituto Canario de la Vivienda su proyecto para viviendas de alquiler asequible a través de Orion Rental Socimi, la primera sociedad anónima cotizada de inversión canaria.
Esta iniciativa pretende dar un paso más en la materialización de los fondos de la RIC en la promoción de viviendas protegidas para alquiler asequible sirviéndose de las construcciones sin terminar y en ruinas de Canarias. Alrededor de 1.500 viviendas en Canarias están a medio construir por la crisis de 2008 y se encuentran en manos de la Sareb y de fondos de inversión.
Según su plan de negocio para los próximos dos años, pretenden adquirir unas 800 viviendas sin terminar ubicadas en diferentes puntos del Archipiélago, en municipios tensionados. Para ello su intención es articular un sistema de colaboración público-privado que permita movilizar suelo público para iniciar la construcción de nuevas viviendas con protección también pública.
De este modo, las inversiones se materializarán en activos residenciales bajo una modalidad de inversión que no suponga afrontar un desarrollo inmobiliario desde cero, permitiendo que las empresas y los autónomos canarios puedan destinar el ahorro fiscal obtenido en una inversión de impacto social que supone el acceso a una vivienda por un alquiler asequible.
Fomentar la construcción
El director del instituto, Antonio Ortega, afirmó tras conocer la propuesta que desde el ente se mantiene un “compromiso” para promover y fomentar la construcción de viviendas sujetas a protección pública, “calificando provisional y definitivamente vivienda protegida de promoción privada y convocando y resolviendo las correspondientes ayudas públicas a sus promotores”.
A través de Orion Rental Socimi, RIC Private Equity, busca la generación de impacto social, combinando con inversión local y rentabilidad. Según el entidad esta es la figura más eficiente para llevarlo a cabo, “a través de una sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria canaria, dedicada al segmento de la promoción de viviendas protegidas para su alquiler asequible de larga duración, por su gestión profesional, transparencia, rentabilidad del dividendo y la liquidez propia del mercado regulado donde cotizarán sus acciones”.
Según argumentan desde RIC Private Equity, los elevados costes del suelo y de la construcción, que exceden con creces del precio del metro cuadrado de referencia sobre el que se calcula la parte de la inversión subvencionada y el importe máximo de alquiler fijado por el Plan de Vivienda de Canarias, conducen a que la rentabilidad neta del alquiler asequible para el promotor apenas supere la horquilla entre el 2% y el 3% después de impuestos.
Si a ello le añadimos, por un lado, que el mercado penaliza la iliquidez de unos activos como las viviendas protegidas (la protección pública es de 30 años) y el riesgo que percibe de la tipología de inquilinos, y, por otro lado, que el bono español a 10 años ofrece en la actualidad una rentabilidad del 2,66% anual después de impuesto y goza de la liquidez del mercado, no es de extrañar que no exista otra iniciativa en el sector residencial de vivienda protegida que la pública.