¿Cuántas veces se ha topado con viviendas a medio hacer y en ruinas en Canarias? La crisis financiera de 2008 causó numerosos estragos en el sector inmobiliario dejando cientos de construcciones sin terminar. Un paseo por cualquier municipio de las ocho Islas es más que suficiente para ver más de una. Hogares que se quedaron sin sentir el calor de una familia y empresas que quebraron antes de poder poner a la venta las viviendas. Un escenario que ahora parece encontrar la luz con una colaboración público-privada que le dará una segunda vida a las viviendas en ruinas para ahorrar en costes, aprovechar suelo ya edificado y ofrecer un alquiler asequible en tiempos en los que los precios en Canarias están prohibitivos incluso para un trabajador con sueldo medio.
Para llevarlo a la práctica RIC Private Equity, en colaboración con la empresa pública Visocan, ha propuesto la creación de una sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) que consiste en adquirir bienes inmuebles y promoverlos para su arrendamiento. Sus acciones deben estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación español o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
14 años de SOCIMI
Las SOCIMI llevan 60 años funcionando en el mundo, pero llegaron a España en 2009 tras la crisis del ladrillo. En aquel momento el objetivo era dinamizar el mercado del alquiler y reactivar la inversión colectiva inmobiliaria. Sin embargo, no consiguieron captar el interés de los inversores y entre 2009 y 2012 no se constituyó ni un solo vehículo de este tipo.
El fracaso inicial hizo que en 2012 se revisara su régimen jurídico y fiscal. Como consecuencia, la legislación societaria se modificó para que fuera más flexible y tuviese una fiscalidad más favorable con el objetivo de generar un mayor atractivo entre los inversores. A finales del 2013 aparecieron las primeras SOCIMI pasando de dos en diciembre de 2013, a 90 en 2019.
Más vivienda de protección oficial
A principios de año más de 20.000 personas esperaban por una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Canarias. La oferta actual está lejos de conseguir cubrir la demanda y es por eso que la iniciativa presentada por RIC Private Equity abre una oportunidad para aquellos que quieran invertir asumiendo el menor riesgo posible.
La Reserva para inversiones en Canarias (RIC) es el incentivo estrella que fomenta las inversiones privadas en Canarias ofreciendo a todas las empresas y autónomos el acceso a cotas importantes de ahorro fiscal aprovechando construcciones que ya están iniciadas en Canarias. "Amortiguar los costes de construcción a través de los beneficios fiscales permite poner en el mercado capital que va destinado a las viviendas y tener alquileres asequibles que permitan una rentabilidad lógica para el inversor", ha explicado José Acosta, consejero de RIC Private Equity y presidente del Grupo Acosta Matos.
A la iniciativa ya se ha sumado el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que ha trabajado para introducir en el mercado vivienda social. "Es una oportunidad para desarrollar determinadas bolsas de suelo que existen en Santa Lucía y que con una pequeña inversión se podría aumentar el volumen de vivienda necesario en nuestro municipio en este momento", ha asegurado Franciso José García, alcalde del municipio.
Colaboración público-privada
El papel que juega Visocan en todo esto también es crucial. Por una parte, el promotor de la SOCIMI será Orión Rental, pero será la empresa pública quien asuma el riesgo del alquiler garantizando el pago por todas las viviendas gestionadas como contrapartida de su exclusividad en la gestión.
Los promotores de la iniciativa consideran que para que la colaboración público-privada sea posible "es importante que los empresarios doten RIC y que la materialicen colectivamente no solo en la industria hotelera, sino también en sectores de impacto social y medioambiental como son las viviendas protegidas y la transición energética".
Acosta ha recordado que "el coste de producción hoy en día está totalmente disparado y la única manera de amortiguar ese incremento es introduciendo incentivos añadidos como las bonificaciones fiscales que permitan motivar al inversor a invertir en este tipo de vivienda".
Sobre el proyecto
Enrique Guerra, abogado ideólogo del proyecto, explicó que la idea es constituir la sociedad el próximo mes de junio. Actualmente, hay unas 700 viviendas en el primer paquete de activos y en una primera fase el objetivo del proyecto es localizar aquellos que vienen de las crisis inmobiliaria de 2008 para adquirirlos a precios asequibles y ejecutarlos a costes de construcción moderados.
"Creemos que tenemos la oportunidad de darle solución a un problema grave como es la vivienda asequible, la vivienda para que la población que tiene salarios de 1.500 a 2.000 euros pueda pagar un alquiler razonable. Ese es el motivo principal por el que queremos contar cuál es nuestra idea de este proyecto. Debemos trabajar juntos para solucionar problemas muy importantes y que llevamos años o décadas padeciendo", sentenció Ángel Medina, presidente del grupo SPAR Gran Canaria.
Actualmente, el proyecto está abierto a cualquiera que quiera invertir en las viviendas sociales de Canarias y será en junio cuando finalmente se constituya la sociedad que sirva como impulso y freno a la problemática de la vivienda en las Islas.