“Se alquilan cinco habitaciones, piso compartido”. La frase, que se puede leer en la fachada de un edificio en Las Palmas de Gran Canaria —al menos hace unos días, ya sabe usted lo volátil que es el mundo inmobiliario—, esconde detrás una realidad que cada vez gana más peso en las Islas. Muchos propietarios prefieren arrendar su casa a varias personas con el objetivo de que cada inquilino pague su cuarto antes que hacer un contrato conjunto a un grupo cerrado —como puede ser, por ejemplo, una familia—. Esta tendencia —que de momento no cuenta con un fuerte impacto— tiene una explicación muy sencilla: la incertidumbre que sienten los caseros con la Ley de Vivienda estatal y el miedo a la okupación. Lo mismo ocurre, por dar un poco más de contexto, con los pisos turísticos.
“Los propietarios, con la nueva norma, se han asustado y se ven más vulnerables. Tienen miedo de que el inquilino deje de pagar la cuota”, afirma David Algaba, gerente de la inmobiliaria que lleva su apellido como nombre. La respuesta lógica sería ir a los tribunales, pero “ningún seguro de impago te cubre si el juez falla a favor del inquilino”. En definitiva, se trata de quebraderos de cabezas que los dueños de los inmuebles prefieren evitar eligiendo modalidades de alquiler diferentes.
Vulnerabilidad
El principal inconveniente que presenta la Ley aprobada por el Congreso de los Diputados y promovida por el Gobierno central es, según explica Algaba, la fragilidad “que tiene el inquilino sobre el propietario”. “Si supera [el precio del alquiler] el 35% de sus ingresos se considera vulnerable para el Estado, no se va de la vivienda y se queda como okupa”, apostilla. Mientras eso ocurre, “el dueño está obligado a seguir pagando tanto el agua como la luz”. Añade que todo sería diferente si existiera la certeza de que hubiera un proceso para desalojar al arrendador en caso de no abonar el alquiler.
La pregunta que usted, querido lector, se podría estar haciendo a estas alturas es de qué forma beneficia que el alquiler sea por habitaciones para evitar okupas. La respuesta es muy sencilla: se rige por el Código Civil en lugar del Penal. Atlántico Hoy ha querido hacer un análisis de este asunto a raíz de un informe publicado este jueves por la plataforma Idealista sobre esta modalidad de arrendamiento. En las dos capitales canarias ha subido la cantidad media de interesados por cada anuncio publicado para alquiler un cuarto.
Datos de Idealista
Durante el segundo trimestre de 2024, la cifra en Las Palmas de Gran Canaria fue de 25 personas por cada anuncio, un 60% más que en el mismo periodo del año anterior; mientras que en Santa Cruz de Tenerife resultó ser de 24 interesados, un 66% más que entre abril y junio de 2023. Ambas urbes superan con creces el crecimiento a nivel nacional, un 15%. La ciudad de Palma (Mallorca) fue la que registró un mayor interés, alcanzando los 91 contactos.
El gerente de Inmobiliaria Algaba detalla que “ha salido ahora la modalidad de alquiler por habitación porque al haber menos oferta de vivienda grande, se ha hecho así”. Aunque admite que es más difícil de gestionar por el gran número de rotaciones que existen, por lo que no a todo el mundo le gusta. “Es un trabajo”, exclama.
Dificultad para los jóvenes
Pone sobre la mesa que, en contra de lo que pudiera parecer, arrendar por cuartos no está perjudicando al alquiler. “Lo está facilitando porque hay muchos jóvenes que no pueden acceder a uno de larga duración al no cumplir los requisitos. O viven con su familia, o alquilan una habitación”, continúa. Indica que, aunque su empresa no se dedica a eso, existe demanda. “Me han llegado a llamar militares, trabajadores de aerolíneas o madres desde la Península porque sus hijos van a estudiar en Canarias”, narra.
May Valera, administrativa de InmoPadilla, asegura que hay “poca oferta de alquiler accesible”. Pone el foco también, al igual que su compañero de profesión —ella trabaja en la capital tinerfeña y él en la grancanaria— en la Ley de Vivienda estatal. Resalta que los propietarios siempre elegirán al candidato que más tiempo lleve en su respectivo puesto de trabajo aunque las condiciones laborales sean idénticas a las de otros que también se postulen. Indica, por otro lado, que los gastos de inmobiliaria, también ha generado irritación entre los caseros porque ahora deben afrontarlos ellos.