La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mostrado este miércoles su preocupación por el impacto en la imagen del CD Tenerife y de la isla por el procesamiento del máximo accionista blanquiazul, José Miguel Garrido, en el denominado caso Nummaria.
En declaraciones a Radio Club Tenerife, Dávila ha mostrado su respeto por la estrategia procesal de Garrido, pero más allá de esta consideración, la situación judicial del máximo accionista blanquiazul supone "un impacto para el conjunto de los tinerfeñistas, para el club y para la isla". Dávila apuntó que "tendrán que ser los accionistas los que tomen las decisiones" que consideren mejores "para la imagen del club y de la isla". Dávila ha añadido que le disgustaría que "el enorme trabajo" realizado por el presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero, "se venga abajo" por este motivo.
La presidenta del Cabildo ha dicho hacerse cargo de que el CD Tenerife "es una sociedad mercantil" en la que hay "un accionista mayoritario", y ha añadido que dentro de la directiva "tendrán que ver cuál es la mejor decisión. Está en sus manos". Preguntada por si Rayco García podría ser la solución, ha dicho que le consta "su preocupación" y ha añadido que "parece que es una parte de ese accionariado no sindicado y podría jugar un papel relevante". Dávila ha añadido que habrá que estar pendientes a "lo que pueda ocurrir" en "las próximas horas, días".
El caso
Esta misma semana ha comenzado el juicio por el denominado caso Nummaria en la Audiencia Nacional en el que están implicado treinta personas, entre ellas José Miguel Garrido, el máximo accionista del Tenerife, como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública. La causa ha alcanzado gran relevancia mediática a nivel nacional porque se trata del mismo juicio en que los actores Ana Duato e Imanol Arias se sientan en el banquillo.
Al igual que otros implicados, José Miguel Garrido podría optar por reconocer los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción por un fraude en concepto de IRPF durante cinco ejercicios desde el año 2011. Al reconocer la autoría, el máximo accionista del Tenerife abonó una multa de 1,86 millones de euros por las cantidades adeudadas, así como para satisfacer intereses tributarias y de demora.
Tributación societaria
Los hechos reconocidos por José Miguel Garrido, según publica Diario de Avisos, consistirían en tributar servicios prestados por él personalmente a través una sociedad, lo que le permitiría soportar una tributación directa mucho menor a la que le correspondería si hubiera regularizado esos ingresos justificándolos como IRPF.
En este sentido “las cuotas defraudadas resultantes, que ascienden a las siguientes cantidades: 222.979,09 euros en 2011; 295.730,34 en 2012; 838.546,55 en el ejercicio de 2013; 144.986,85 euros en 2014, y 150.974,45 en 2015”, según consta en el escrito de conclusiones provisionales.
Menos de dos años
En lo que respecta a la pena de prisión quedaría en suspenso debido a que, al reconocer el fraude, no superaría los dos años de privación de libertad que suele considerarse como mínimo para ingresar en prisión, si bien esta decisión finalmente corresponde exclusivamente a los jueces.
En virtud de su acuerdo con el Ministerio Público, que aún deben validar los magistrados mediante sentencia, Garrido vería rebajada su pena de prisión hasta los 18 meses por el reconocimiento del fraude, así como el pago de casi dos millones de euros. Esta pena de prisión tan solo sería efectiva en caso de un nuevo acto delictivo de similar naturaleza durante los próximos años.