Esta misma semana ha comenzado el juicio por el denominado caso Nummaria en la Audiencia Nacional en el que están implicado treinta personas, entre ellas José Miguel Garrido, el máximo accionista del Tenerife, como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública. La causa ha alcanzado gran relevancia mediática a nivel nacional porque se trata del mismo juicio en que los actores Ana Duato e Imanol Arias se sientan en el banquillo.
Al igual que otros implicados, José Miguel Garrido podría optar por reconocer los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción por un fraude en concepto de IRPF durante cinco ejercicios desde el año 2011. Al reconocer la autoría, el máximo accionista del Tenerife abonó una multa de 1,86 millones de euros por las cantidades adeudadas, así como para satisfacer intereses tributarias y de demora.
Tributación societaria
Los hechos reconocidos por José Miguel Garrido, según publica Diario de Avisos, consistirían en tributar servicios prestados por él personalmente a través una sociedad, lo que le permitiría soportar una tributación directa mucho menor a la que le correspondería si hubiera regularizado esos ingresos justificándolos como IRPF.
En este sentido “las cuotas defraudadas resultantes, que ascienden a las siguientes cantidades: 222.979,09 euros en 2011; 295.730,34 en 2012; 838.546,55 en el ejercicio de 2013; 144.986,85 euros en 2014, y 150.974,45 en 2015”, según consta en el escrito de conclusiones provisionales.
Menos de dos años
En lo que respecta a la pena de prisión quedaría en suspenso debido a que, al reconocer el fraude, no superaría los dos años de privación de libertad que suele considerarse como mínimo para ingresar en prisión, si bien esta decisión finalmente corresponde exclusivamente a los jueces.
En virtud de su acuerdo con el Ministerio Público, que aún deben validar los magistrados mediante sentencia, Garrido vería rebajada su pena de prisión hasta los 18 meses por el reconocimiento del fraude, así como el pago de casi dos millones de euros. Esta pena de prisión tan solo sería efectiva en caso de un nuevo acto delictivo de similiar naturaleza durante los próximos años.