Los gestores deportivos, especialmente los de los clubes de élite, no paran de repetir la relación directamente proporcional que existe entre los recursos económicos de cada entidad y su potencial deportivo. Y aunque la clasificación final de la competición que se quiera no coincide exactamente con el orden mostrado en el listado de presupuestos, desde luego se observa, aunque no sea exacta, una clara correlación. Luego entran aspectos como el talento de los directores deportivos y su mejor o peor manejo del mercado, o también la localización del equipo, entre otros factores. Pero lo que decanta en gran medida la balanza tiene que ver con los números.
Los deportistas, como cualquier hijo de vecino en España, tienen la obligación de contribuir a las arcas del Estado para el mantenimiento de los servicios públicos. Ni las carreteras, ni el alumbrado, ni la recogida de residuos, ni la sanidad se pagan a través de ciencia infusa. Y también, como todas y todos, lo hacen a través del célebre IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Este tributo, basado en el principio de capacidad económica —cada persona paga en función de sus ingresos económicos y de situación personal y familiar—, está compuesto por dos tramos, el estatal y el autonómico. El primero de ellos establece la misma cifra para todo el territorio español: se debe pagar un 24,5% de la renta, que principalmente suele estar conformada por los rendimientos del trabajo.
Pero el otro segmento del impuesto lo establece cada comunidad autónoma, lo que provoca sensibles diferencias entre las 17 regiones, según hayan sido las decisiones de sus gobiernos y parlamentos. Canarias contempla, en la actualidad, una escala de siete tramos, con un tipo marginal mínimo del 9% (en rentas de 0 a 12.450 € euros) y máximo del 26% (de 120.000 euros en adelante).
Las Islas, con un 50,5% de IRPF
Esa carga para las personas con altos ingresos representa un mecanismo para la perentoria redistribución de la riqueza, materializada en las ayudas sociales, en la gratuidad de la educación y sanidad públicas o en las pensiones. Y en el Archipiélago, con la renta per cápita solo por detrás de Andalucía y Melilla y a la cola también de la Unión Europea, esa herramienta se desvela como fundamental para un mínimo equilibrio social.
Pero la hora de mantener la pujanza en las competiciones deportivas de más alto nivel, eso se convierte en un lastre, pues Canarias es la cuarta comunidad con mayor porcentaje de IRPF (50,5%) para las rentas más altas, grupo al que suelen corresponder los emolumentos de los jugadores de la UD Las Palmas o del Club Baloncesto Gran Canaria. El salario mínimo en la máxima categoría del fútbol español, La Liga EA Sports, alcanza para esta temporada los 190.000 euros, mientras que en la Liga ACB, la Liga Endesa, llega a los 28.000 euros, aunque el Dreamland Gran Canaria mantiene una media claramente más alta. El sueldo medio en la ACB ronda los 60.000 euros, y el equipo insular se encuentra en posiciones altas dentro de la tabla de presupuestos.
Contrataciones más caras
Las Islas solo son superadas en el tramo más alto del IRPF por la Comunidad Valenciana (54%), la Comunidad Foral de Navarra (52%) y La Rioja (51,1%). En el extremo opuesto, Castilla y León y Andalucía exigen un 46%, mientras que Madrid regula el porcentaje más bajo del país, un 45%.
Así, si un jugador de la UD Las Palmas o del CD Tenerife pide 300.000 euros limpios por temporada para cerrar su contratación, el club —que se hace cargo en los salarios de la cantidad que los jugadores tienen que abonar a la Agencia Tributaria— deberá pagarle en total, aproximadamente, 606.061 euros. Mientras, el CD Leganés, por ejemplo, para convencer a ese mismo futbolista tendría que desembolsar 545.455 euros. Esa diferencia de algo más de 60.000 euros es el resultado atendiendo al salario de un solo jugador, cuando las plantillas aglutinan una media de 25 futbolistas, algunos con sueldos más altos que esos 300.000 euros limpios.
Diferentes opiniones
Esas divergencias, en un mundo tan competitivo en lo económico como el deporte, son mayores según van aumentando los presupuestos, y son sufridas por los representantes isleños que suman el gasto extra que supone la insularidad. El director general de la UD Las Palmas, Patricio Viñayo, subraya que “lo ideal sería, lógicamente, la armonización global, como pensarán el resto de sectores en aquellas comunidades de mayor presión fiscal. Sería un elemento más de competencia leal”.
Sin embargo, el presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, no lo encuentra determinante, tal vez porque las cifras en el baloncesto son abismalmente inferiores al fútbol. "Nuestro presupuesto para el primer equipo es de 5 millones. Somos el séptimo presupuesto de la liga y estamos a 5 millones de distancia del quinto presupuesto. La diferencia en IRPF, cogiendo el tramo más bajo que es el de la Comunidad de Madrid, con respecto al nuestro, es de 250.000 euros. Por lo que tener un IRPF similar al de Madrid tampoco salvaría la gran diferencia que existe con los presupuestos que tenemos por encima, no nos permitiría competir, por ejemplo, con ese quinto presupuesto de la liga”.