Indudablemente, a muchas de las personas que hoy se sientan en las gradas del Estadio de Gran Canaria les sonará a chino mandarín términos como ‘ley concursal’ o el nombre de Juan José Cobo Plana. Forman parte de la historia de la UD Las Palmas. De una de sus épocas más convulsas que ahora, dos décadas después, parece imposible que se repita, afortunadamente.
El dispendio habitual en los clubes de fútbol y su gigantesco endeudamiento parecía normal y perdonable en los últimos años del siglo XX y en los primeros del XXI. Con el recientemente fallecido Javier Gómez Navarro a la cabeza del Consejo Superior de Deportes, el plan de saneamiento de 1985 y la reconversión de todos los clubes de fútbol profesional –menos de Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y CA Osasuna- en sociedades anónimas deportivas supuso en aquel entonces un parche a costa del erario público, pero un paso decisivo para la posterior regulación financiera.
“Hubo un efecto ‘nuevo rico’ en los clubes con la llegada de mucho dinero a través de los derechos televisivos”, relata Juan José Cobo Plana, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria el 2 de noviembre de 2004. “Era similar a lo que ocurre a las personas que se ganan la lotería y cuatro años después están arruinadas. Se pagaban sobrecostes para contratar jugadores que no valían tanto, casi en una demostración machista de poder que se estilaba en la dirigencia deportiva de aquel momento”, explica.
La laxitud en los mecanismos de control económico hizo que, como en prácticamente todas las plazas, la UD regresara a Primera División en el año 2000 gastando mucho más de lo que era capaz de ingresar, aún menos cuando en 2002 perdió una categoría que le costó casi 15 años volver a probar.
“El fondo del caldero”
Con cambios constantes en la presidencia y con el empresariado muy presente en la vida diaria del club, la imagen era de caos e incertidumbre. La existencia de una gran deuda era palmaria y un consejero recién entrado, el abogado Agustín Díaz, se encargó de auditarla: 72 millones de euros. Ese era “el fondo del caldero”, en expresión acuñada por Félix Santiago Melián en una de las ocasiones en las que le fue requerida su aportación años antes. Una bomba a punto de estallar, una condena en toda regla que en muchos pasillos y mentideros hacía presagiar con fuerza la disolución de la SAD.
La salida que encontró Las Palmas ante tal amenaza fue declararse en suspensión de pagos. Lo hizo bajo una nueva nomenclatura –concurso de acreedores- al abrigo de una normativa legal que había entrado en vigor apenas dos meses antes: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Bajo la presidencia de Manuel García Navarro –clave también en la generación de la deuda- el club amarillo preparó la solicitud del concurso pero vio como un acreedor conocedor de tal circunstancia, el representante de futbolistas Iñaki Urquijo, se adelantó con su petición al juzgado. La UD lo presentó 24 horas después, intentando que el concurso fuera voluntario –presentado por la propia empresa- y no necesario –presentado por acreedores-. La diferencia más importante está relacionada con el control que el deudor mantiene sobre su patrimonio. Pero el juez decidió que fuera un concurso necesario.
Un juez futbolero
“Yo era aficionado al fútbol desde pequeño, cuando acudía a los partidos de la UD Basbastro con mi tío”, cuenta Cobo Plana. “Y luego a los de Real Zaragoza con mi padre, así que conocía perfectamente la dimensión de una entidad como la UD Las Palmas. El fútbol tiene la fuerza que no tiene ningún otro espectáculo en el mundo, y la prueba es que con esa ley muy pocas empresas lograron sobrevivir al concurso, pero más del 90% de los equipos de fútbol sí lo consiguieron”.
Esa afición del juez y ese conocimiento de la trascendencia para un territorio de la bandera cultural y de pertenencia que supone un club fueron absolutamente claves para que la UD Las Palmas siguiera adelante. Cobo Plana, con una valentía inusitada, tomó decisiones muy arriesgadas que removieron el avispero del fútbol español. Solo una semana después de ese 2 de noviembre estableció, mediante un auto, un baremo matemático para dirimir la continuidad del entrenador David Amaral en el banquillo, obligándolo a tener cuatro puntos de distancia sobre el cuarto clasificado, que marcaba el límite del play-off de ascenso a Segunda. A finales de ese mes, un nuevo auto destituía a Amaral y, ante la negativa de la Real Federación Española de Fútbol de inscribir a su sustituto –Sánchez Aguiar- hasta que la UD pagara a Amaral lo adeudado, Cobo Plana embarga los bienes de la RFEF por 40 millones de euros.
Ramírez coge el mando
Emerge entonces la figura de uno de los acreedores, Miguel Ángel Ramírez, a quien se le debía más de medio millón de euros por los servicios prestados por su empresa, Seguridad Integral Canaria. Pronto, Ramírez se convierte en pieza clave en todo el proceso, ayudando al magistrado en el trabajo con los más de 500 acreedores, de los que 360 se dieron cita en Infecar en enero de 2006 para firmar un convenio que abonaba parte de la deuda en publicidad y que acordaba una quita del 50% que dejaba el pasivo en 21 millones.
La UD Las Palmas disponía de menos de tres meses para satisfacerlo, y con el siempre presente empuje de la masa social y el aval de 37 exconsejeros amarillos –el juez había embargado anteriormente a 41-, más el apoyo del Cabildo de Gran Canaria mediante un patrocinio de 20 años y también del Gobierno de Canarias, se logró que la Caja de Ahorros del Mediterráneo concediera un crédito de más de 23 millones de euros, que sirvió para abonar lo debido a los acreedores y permitir que el club no muriera.
La llegada a la orilla
“Tengo el recuerdo de estar tres meses prácticamente sin dormir, por la autoexigencia que tuve, sabiendo lo que la UD Las Palmas significaba a muchos niveles para tanta gente”, cuenta Cobo Plana para ilustrar la tensión acumulada durante el camino, con presiones políticas, económicas y sociales.
Con todo, el 17 de diciembre de 2014, una década más tarde de iniciarse, el proceso concursal se cierra mediante auto del juez Alberto López Villarrubia, acabando con uno de los capítulos más oscuros de la larga historia amarilla.
Hoy, cuando se cumplen 20 años de que la UD Las Palmas se convirtiera en el primer club de fútbol en España en entrar en un proceso concursal, los mecanismos de control financiero en el deporte –y especialmente en LaLiga- han avanzado y no permiten las gigantescas deudas de antaño, amén de una gestión del club empresarialmente profesionalizada.
“Lo interesante del fútbol es lo que ocurre en el césped. Si el equipo se queda en Primera o no. Que si Lamine Yamal está que sale o que si Mbappé no arranca, eso debe ser de lo que hablemos cuando conversamos de fútbol”, sentencia Cobo Plana.