El Tribunal Supremo ha dictado sentencia definitiva contra Cristina Andreu y la Asociación CIMA, condenándolas por vulnerar el derecho al honor de Marta de Santa Ana, reconocida productora canaria.
Las condenadas deberán retirar de su web y de sus perfiles en redes sociales todos aquellos comentarios que lesionaban el derecho al honor de Marta de Santa Ana.
Además, deberán publicar la sentencia de 2022 que las condenaba, manteniendo dicha publicación el mismo tiempo en que hayan estado publicados los citados comentarios, y difundir la sentencia condenatoria a través del boletín de noticias de CIMA.
Publicación en medios
En lo referido a la prensa, Andreu y CIMA deberán publicar a su costa la sentencia transcribiendo el encabezamiento y fallo, en la misma sección y con igual relevancia que los comentarios recogidos, tanto en la edición de papel y digital de Canarias7, en la edición digital de la Agencia EFE y en la edición digital del Diario ABC.
Además, deberán sufragar a su costa la inclusión, en todos los artículos y noticias que lesionaban el honor de Marta de Santa Ana, de un link permanente en su parte superior que indique "Sentencia de condena a la asociación CIMA y a Dña. Cristina Andreu Cuevas por lesión del derecho al honor de Dña. Marta de Santa Ana Pulido", y que redirija al lector a la sentencia de condena con su contenido íntegro.
Tanto Cristina Andreu como CIMA deberán indemnizar a Marta de Santa Ana con 20.000 euros —10.000 euros Cristina Andreu y 10.000 euros la asociación CIMA—, más los intereses legales. También deberán pagar las costas de los gastos de abogados en que incurrió la productora en los recursos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Tribunal Supremo y abstenerse de volver a cometer cualquier conducta lesiva del derecho al honor de Marta de Santa Ana.
Así lo comunicó el Alto Tribunal el pasado 9 de enero al bufete Arauz de Robles Abogados, que ha llevado la dirección letrada de la productora de Benito Pérez Buñuel. La Sala de lo Civil que tomó la decisión estuvo formada por los jueces Ignacio Sancho Gargallo, presidente; Rafael Sarazá Jimena, ponente; y Pedro José Vela Torres.
Linchamiento mediático
Marta de Santa Ana había sido la primera delegada de CIMA en Canarias, la mujer que creó la oficina en las Islas en 2017, y realizó las actividades más relevantes de esta asociación.
Tras su baja de CIMA, en septiembre de 2019, motivada por el acoso que sufría, Cristina Andreu designó a Alba González de Molina, que había ingresado en la asociación de la mano de la propia Marta de Santa Ana, como nueva delegada.
Posteriormente, Alba González de Molina fue nuevamente aupada por Cristina Andreu a directora-gerente de CIMA en el ámbito nacional, cargo que aún ocupa. Para sustituirla, Andreu designó a Rita Vera, que había sido productora ejecutiva de películas de Sergio Morales, actual responsable de Audiovisuales de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, y antigua pareja.
En el momento de producirse los hechos, la Junta Directiva de CIMA estaba formada por Cristina Andreu, Virginia Yagüe, Isabel Raventós, Patricia Roda, Nieves Maroto, Isabel Ruiz, Almudena Carracedo, Alba González de Molina, Patricia Ferreira, Chelo Loureiro, Inés París, Celia de Molina, Nuria Cidoncha y Rita Vera.
Primera sentencia
La primera sentencia, dictada de 2022, condenó a Andreu y CIMA por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la productora “al haber divulgado, a través de las redes sociales, así como en diversos medios de prensa”, comentarios “que le imputan conductas delictivas” sin aportar “el más mínimo principio probatorio”.
Se reconoció que la actuación de Andreu y CIMA estigmatizó a Marta de Santa Ana, dado que su figura “se percibía como una amenaza capaz de hacerle sombra por parte de la junta de CIMA”. Así, comenzaron a llevar a cabo una campaña de desprestigio contra ella, condicionando su vida profesional y perjudicando a su película Benito Pérez Buñuel, hasta el punto de que instituciones públicas le retiraron apoyos para su película.
Organismos públicos
Junto con CIMA, otros organismos públicos y asociaciones participaron de un linchamiento mediático a la productora canaria. CIMA, en un escrito enviado a medios de prensa cuando Alba González de Molina era delegada en Canarias, llegó incluso a advertir a las administraciones públicas canarias con que no acudirían a las reuniones si lo hacía la productora.
Este escrito lo firmó el Clúster Audiovisual de Canarias, entonces presidido por José Ángel Alayón y con Jairo López de gerente, y la Asociación de Cineastas Microclima.
Lejos de mantenerse neutral, Canary Islands Film, el departamento de Audiovisuales del Gobierno de Canarias, que tenía como responsables políticos a Juan Márquez, viceconsejero de Cultura, y Rubén Pérez, director general de Cultura, no solo apartó a Marta de Santa Ana de los eventos y reuniones, sino que, además, designó a Cristina Andreu vocal de las ayudas al sector audiovisual canario en 2021. Como consecuencia, Marta de Santa Ana perdió también toda posibilidad de desarrollar nuevos proyectos.
Luis Miranda, como director del Festival de Cine de Las Palmas —certamen auspiciado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con dinero público—, difundió varios comunicados acusando a Marta de Santa Ana. Esos comunicados fueron apoyados por el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, y la exconcejala de Cultura, Encarna Galván.
Ahora que el caso ha quedado cerrado de forma contundente por la justicia, es el momento de que las administraciones públicas que participaron activamente en el linchamiento reparen el daño causado a Marta de Santa Ana. Es un acto de responsabilidad y justicia que sigue pendiente. Es muy grave el uso de dinero público para dañar la imagen y reputación profesional de una persona con juicios paralelos sin esperar a los tribunales.
A pesar de que los actuales responsables políticos no tomaron parte en estos hechos, tienen la obligación moral de hacerlo. Tanto desde el Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez como viceconsejero y Miguel Ángel Clavijo como director general, como desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias como alcaldesa y Josué Íñiguez como concejal de Cultura. Son las personas en cuya mano está hacerlo.
Referente en igualdad
Marta de Santa Ana ha sido exponente de la lucha por la igualdad en el audiovisual canario. Entre sus logros destacan que las políticas de igualdad estuvieran por primera vez presentes en los procesos de consulta y gestación de las ayudas públicas del audiovisual, introduciéndose puntos para fomentar el trabajo de las mujeres en el sector, la primera vez en las subvenciones del Cabildo de Tenerife en 2018.
Además, consiguió que el Parlamento de Canarias votara por unanimidad introducir en el Estatuto de Radio Televisión Canaria los contenidos dispuestos en la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad entre hombres y mujeres.
También fue mérito suyo la organización de las primeras jornadas para fomento de la igualdad en un festival de cine de las Islas. Fue en 2019 en el Festival de Las Palmas, donde, además, se dio, por primera vez, un premio dedicado al fomento de la igualdad. Esas jornadas contribuyeron de forma directa, además, a que se acelerara la desaparición de los anuncios de prostitución en los principales periódicos de Canarias.