Debate abierto sobre la Ley del Suelo

La Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias es ya una realidad. Diseñada para regular cuestiones de crucial importancia para el presente y futuro de las islas, esta normativa viene a cambiar por completo el sistema de planeamiento del Archipiélago. Sin embargo, el desconocimiento ciudadano de la misma a causa del escaso debate social previo a su reciente aprobación, sin el consenso de todos los partidos políticos presentes en el Parlamento de Canarias, provoca "preocupación" también entre diversos colectivos empresariales , culturales y sociales de las islas, que abogan por propiciar un debate abierto de la normativa.

Para que sea conocida por la sociedad en general, el Cabildo de Gran Canaria, al igual que hicieron antes ambas universidades públicas canarias o la Fundación Pedro García Cabrera, entre otras instituciones, han promovido una iniciativa que persigue ser una reflexión sobre la nueva Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos, así como de sus posibles consecuencias. Se trata de unas jornadas que ha organizado desde la convicción de que es "fundamental" conocerla mejor, para lo que ofrecerá expertos que disertarán sobre esta materia.

Objetivo del debate
La Ley del Suelo "cambiar por completo el sistema que hasta ahora teníamos del planeamiento", según ha destacado la consejera de Política Territorial del Cabildo, Inés Miranda, al presentar las sesiones de debate entre expertos de esta normativa, que se celebran del 11 de septiembre al 8 de noviembre, uno por semana.

"La normativa aprobada es una ley de obligado cumplimiento que, como tal, no debe cuestionarse una vez que ha entrado en vigor. Si bien el propósito de la iniciativa es trabajar porque se aplique de la manera más adecuada y que menos afecte negativamente"

Analizar "los efectos de la Ley y cómo aplicarla", así como "los problemas que se puedan encontrar y cómo resolverlos" quienes se vean afectados por ella, es el objetivo de la iniciativa, en palabras del presidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, Juan José Santana, cuya entidad participa en la organización de las jornadas.  

Santana ha querido aclarar, en todo caso, que al abordar el texto se partirá de la idea de que "las leyes no son ni buenas ni malas", sino que sus efectos dependen del "mejor o peor uso que se haga de la norma". Insiste en que las sesiones no se plantean como una crítica a la nueva Ley, sino que lo que pretenden es "ver cómo es la aplicación de la norma".

En nombre del Gabinete de Abogados y Arquitectos Asociados, que también participa en la organización de las sesiones, su representante Carmelo Padrón ha dado a entender que el planteamiento crítico no estará ausente en esta iniciativa, porque se va a tratar sobre una ley en cuya tramitación "no ha habido un debate político que sí ha habido con anterioridad", puesto que al aprobar otras normas urbanísticas de rango autonómico precedentes "se obtuvo unanimidad", y eso no ha ocurrido ahora, ha argumentado. 

Inés Miranda ha querido precisar, pese a todo, que el debate se encarará desde la idea de que la aprobada "es una ley de obligado cumplimiento" que, como tal, no debe cuestionarse una vez que ha entrado en vigor. Si bien ha matizado que el propósito de la iniciativa es trabajar porque "se aplique de la manera más adecuada y que menos afecte negativamente".

Reacciones diversas
El presidente regional, Fernando Clavijo, ha definido esta Ley como "la verdadera reforma de la economía canaria" porque, según defiende, va a propiciar inversiones "ahora bloqueadas por la maraña urbanística y la generación de empleo".

"La sociedad sabe perfectamente lo que se aprueba con la Ley del Suelo. Otra cosa son las cuestiones técnicas, o más específicas, pero se sabe perfectamente que es necesaria, una normativa que Canarias necesitaba de una manera imperiosa", asegura Óscar Izquierdo

La Ley del Suelo va a ser "una oportunidad para empresarios, ciudadanos, agricultores, para toda la sociedad en general", afirma el presidente de la patronal de la construcción, quien subraya que es "buena para toda Canarias, una buena noticia para el Archipiélago", además de que va a significar "el comienzo de una nueva etapa en nuestra tierra de simplificación legislativa". 

A su juicio, "la sociedad sabe perfectamente lo que se aprueba con la Ley del Suelo. Otra cosa son las cuestiones técnicas, o más específicas, pero se sabe perfectamente que es necesaria, una normativa que Canarias necesitaba de una manera imperiosa", añade Izquierdo, quien opina que "los que la han criticado lo han hecho más por cuestiones ideológicas que técnicas".

Por su parte, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, asegura que la Ley del Suelo y Espacios Naturales “marcará el rumbo de Canarias en la próxima década” a la vez que afirma que "no es desarrollista", al contrario de lo que mantienen NC, Podemos y el PSOE, quienes defienden que sus diputados en conjunto cosecharon en las últimas elecciones unos 70.000 votos más que los 33 parlamentarios que han dado luz verde al texto.

Entre la polémica que rodea a esta normativa destaca, además, que esta Ley ha sido denunciada ante Europa, entre otros, por el profesor de Derecho Constitucional y concejal de Por Tenerife, Santiago Pérez, quien la acusa de vulnerar la legislación comunitaria; así como por el eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, que opina que redunda en una menor capacidad de control y sanción de ilegalidades ambientales, mientras que para el Gobierno canario esta Ley es todo lo contrario, "una herramienta jurídica clave e imprescindible para el desarrollo futuro del Archipiélago".

Los empresarios esperaban más
Por su parte, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria mantiene que la nueva Ley supone "un paso adelante", pero no representa "el gran salto cualitativo" que esperaban desde que hace año y medio se anunció su redacción. Esta asociación empresarial valora el esfuerzo "del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, para clarificar y mejorar la situación normativa que tenía el archipiélago en materia de suelo, pero entiende que "se mantiene el riesgo de bloqueo de inversiones".

"La ley incluye la figura de una comisión encargada de emitir informes de evaluación ambiental estratégica y los informes de compatibilidad. Supone un avance respecto de la ya extinta Cotmac, dado que no entra a valorar cuestiones de legalidad y oportunidad, sino cuestiones que afecten a la competencia de la comunidad autónoma", apunta.

Sin embargo, el Círculo entiende que el hecho de que sigan existiendo "este tipo de organismos supone que una inversión puede detenerse por conflictos competenciales, y no derivado de un análisis riguroso de costes y beneficios sociales". A su juicio, "se sigue prestando atención únicamente al hecho de cuáles pueden ser los usos admisibles o no de un supuesto suelo y se obvia lo más importante: saber no ya cuál es su uso, sino si este es o no eficiente y sostenible".

Este colectivo patronal aboga por revisar la "tradicional concepción del urbanismo basada sencillamente en lo que dicte un plan", para pasar a otro tipo de "buen urbanismo" basado en "buenos proyectos".