Canarias endurece las sanciones por incumplir normas sanitarias

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El Consejo del Gobierno de Canarias aprobó el pasado jueves un decreto ley sobre infracciones, sanciones y procedimiento sancionador en relación con las normas que rigen la vida social y las actividades económicas durante la pandemia, y por el cual se endurecen las sanciones. Al término de la reunión del Consejo del Gobierno, el portavoz del ejecutivo regional, Julio Pérez, manifestó que, en general, las sanciones que se podrán imponer son superiores a las establecidas hasta hoy, con lo que se trata de un "endurecimiento".

 

Este decreto ley tal vez no se publique en la edición del Boletín Oficial de Canarias de este viernes, ya que el Consejo del Gobierno finalizará ese día, indicó Julio Pérez. La aprobación de este decreto es una decisión que significa que se hace una mejor tipificación y se relacionan de forma más precisa las conductas que constituyen infracción.

 

Julio Pérez señaló que hasta ahora se tenía una clasificación general de las conductas merecedores de sanción y ahora la norma es más precisa, y como ejemplo citó que hasta ahora se sancionaba con multas y penas el cumplimiento de las normas, mientras que a partir de ahora se precisa más en cuestiones como no llevar mascarilla o incumplir aforos. De esta manera estará más claro para que actúen los agentes y también se actualiza el cuadro de sanciones y los castigos que se pueden imponer, añadió el portavoz del Gobierno canario, quien aseguró durante su comparecencia que el ejecutivo regional quisiera sancionar menos.

 

Endurecimiento de las sanciones

 

Pérez indicó que el gobierno canario estima necesario endurecer las sanciones con el objetivo de facilitar el trabajo de los agentes de la autoridad y facilitar la transmisión de un mensaje a la ciudadanía de que quien no cumple se arriesga a sanciones que pueden ser importantes. Así, la sanción por no llevar mascarilla sigue siendo de cien euros porque así se establece en la ley común estatal, pero la reiteración de la falta de uso se trata de una infracción que puede llevar a una multa de hasta 3.000 euros, y el portavoz subrayó que el mensaje es que las normas sanitarias deben cumplirse.

 

Además, se han aclarado normas del procedimiento sancionador, se abrevian trámites, y así la notificación sirve para iniciar el expediente, y también se aclara la distribución de competencias para instruir expedientes e imponer sanciones. Y, de acuerdo con el estado del actual ordenamiento jurídico, las infracciones leves pueden imponerlas los ayuntamientos, y las graves y las muy graves el Gobierno de Canarias.

 

En cuanto a que estas medidas hagan preciso un aumento de agentes tanto de policías locales como autonómicos, nacionales y de la Guardia Civil, reconoció que las plantillas son insuficientes pero el gobierno cree que bien coordinados y orientado puede ser suficiente.

 

 

 

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🔵 El Gobierno de #Canarias aprueba el decreto ley que establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la #Covid19

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También habló de los contagios en el ámbito privado, como gimnasios e iglesias, y apuntó que tal vez sea posible alguna sanción en aplicación de la ley estatal, pero reconoció que es más difícil que en el entorno público. También manifestó Pérez que si bien el martes y el miércoles pasados las cifras propiciaban cierto optimismo la tendencia no se ha consolidados y los contagios han subido de nuevo.

 

 

 

 

En cualquier caso la Consejería de Sanidad mantiene el sistema de aumentar las pruebas PCR, así como el número de personas dedicadas al rastreo y las posibilidades de hacer cribados en algunas zonas del archipiélago, y espera que al unir el endurecimiento de las normas se produzca una corrección de la situación, añadió.

Julio Pérez recordó que Gran Canaria y Lanzarote son las islas que suscitan más preocupación, si bien también la hay por El Hierro, ya que al tener menos población cualquier aumento tiene importancia. Con el decreto ley aprobado este jueves Canarias se suma a las seis comunidades autónomas con este tipo de endurecimiento de las normas, apuntó el portavoz del ejecutivo.

 

El consejero manifestó que este jueves no se ha aprobado un decreto ley vinculado al pacto de reactivación para establecer normas para simplificar trámites, eliminar cargas administrativas y burocráticas excesivas, para facilitar las inversiones, y agregó que la previsión es aprobarla en el próximo Consejo de Gobierno. Tampoco se ha visto este jueves de forma detenida un texto refundido de todas las normas dictadas desde el 19 de junio, cuando se reglamentaron distancias, aforos, actos deportivos, funcionamiento de oficinas públicas, y otras, dijo Julio Pérez.

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