La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha firmado y remitido el convenio con el Estado para la implementación del Sistema de Información de Usuario de Servicios Sociales (SIUSS), lo que permitirá mejorar la atención a las personas en los servicios sociales, especialmente los de atención primaria y comunitaria.
En un comunicado de prensa, el Ejecutivo regional señala que la firma de este convenio de colaboración con el Ministerio permitirá que Canarias cuente con un programa informático para la recogida de información y la intervención con las familias. Además, proporcionará datos que permitirán planificar el sistema en función de las necesidades sociales detectadas.
“La puesta en marcha de este sistema único nos permitirá garantizar, de forma ágil y eficaz, la atención que se les ofrece a las personas usuarias de los servicios sociales facilitando la atención coordinada de las personas que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social”, ha añadido el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez.
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— AtlánticoHoy (@atlantico_hoy) August 20, 2020
Esta herramienta será puesta a disposición de los ayuntamientos y cabildos del archipiélago, de forma que todos ellos dispongan de un sistema de gestión común.
En la actualidad muchos ayuntamientos no disponen de un sistema de información propio de servicios sociales, teniendo que hacer uso de gestores de expedientes genéricos no especializados.
El objetivo, por tanto, es hacer uso de una herramienta común, que además vendrá acompañada de cursos de formación para el personal de servicios sociales y un soporte de ayuda para la resolución de dudas.
“La puesta en marcha de este sistema único nos permitirá garantizar, de forma ágil y eficaz, la atención que se les ofrece a las personas usuarias de los servicios sociales facilitando la atención coordinada de las personas que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social”
Con este convenio, Canarias avanza en la conformación de un sistema único de información y de la historia social única, tal y como marca la ley de servicios sociales, que permitirá tener un historial social completo de la persona, compartido por todas las administraciones públicas con competencias en materia social, lo que mejorará la intervención, agilizará la carga burocrática y permitirá una mejor coordinación de las administraciones públicas, detalla la nota.
Se trata, pues, de alcanzar un modelo de intervención común en el que todos los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas podrán acceder a la información sobre una persona sin que esta tenga que comenzar desde cero cuando se cambia de municipio o cuando es atendida en el ámbito social por otra administración distinta a la municipal.