La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha alertado este viernes de que el Parlamento regional se dispone a aprobar la próxima semana "una bomba normativa" que supone "el mayor atentado" contra los pequeños propietarios de apartamentos de alquiler vacacional.
En el orden del día del pleno del Parlamento del próximo martes y miércoles se producirá la votación final de un proyecto de ley que modifica la Ley de renovación y modernización turística de Canarias, en la que, según Ascav, se ha incluido "con nocturnidad y alevosía" y contra resoluciones del Tribunal Supremo limitaciones al alquiler vacacional que pueden dejar "sin valor alguno" muchas propiedades.
En un comunicado, Ascav denuncia que estos cambios legales se han realizado a sus espaldas, pese a que representan al colectivo de pequeños propietarios y gestores del alquiler vacacional, y se han incluido sanciones de hasta 300.000 euros que superan incluso el valor de la mayoría de los inmuebles.
"Se van a cercenar de tal manera los derechos de los ciudadanos que sus propiedades carecerán de valor alguno", alerta Ascav, que denuncia que los propietarios no podrán hacer nada con sus casas "salvo entregarlas a una empresa explotadora o usarlas los fines de semana".
La nueva regulación va a "fulminar" también a las empresas inmobiliarias, con caídas de ventas "espectaculares", porque nadie va a querer comprar un apartamento turístico o vivienda para fines vacacionales con estas limitaciones.
"Se trata de un auténtico expolio a los canarios, a los propietarios de apartamentos y viviendas vacacionales y a las empresas canarias, y todo para dejar el negocio en manos de los de siempre", asegura Ascav.
@asociacionascav no puede permitir que las ordenanzas municipales lapiden la VV en Canarias https://t.co/U1AlpNk0a5 pic.twitter.com/A6cfRDbrQ1
— Ascav (@asociacionascav) 21 de noviembre de 2018
Si el planeamiento no lo regula, el Gobierno de Canarias podrá establecer "requisitos, criterios y estándares turísticos de implantación del uso turístico de las viviendas" lo que deja al ejecutivo la facultad de establecer límites máximos de implantación o imponer condiciones urbanísticas específicas, denuncia Ascav.
También se invaden las competencias estatales, según esta asociación, al imponer que la junta de propietarios, con el voto favorable de tres quintas partes, tiene que aceptar expresamente la vivienda vacacional.
La normativa prohíbe además la vivienda vacacional en apartamentos que hayan sido "residencializados" y en los establecimientos turísticos que hayan causado baja en la explotación turística, denuncia Ascav.
Otro de los aspectos a los que se opone la asociación es que se hace a los propietarios de las viviendas responsables de las infracciones, en lugar de al autor de los hechos, como ocurre en el resto de alojamientos. La ley eleva la sanción por comercializar una vivienda vacacional sin presentar declaración responsable hasta los 300.000 euros, "medida intimidatoria" que es "una auténtica desproporción".